Prejubilaciones de oro: 900.000 euros al mes por no ir a la universidad

Los «premios» para profesores retirados a partir de los 60 años se han «comido» 97 millones de euros desde 2008.

Noventa y siete millones de euros han destinado siete universidades andaluzas a pagar a personal que ya no trabaja en ellas. Las prejubilaciones a partir de los sesenta años que comenzaron a promoverse en 2002 entre el profesorado docente e investigador se saldaron con 175 adheridos hasta 2007. A partir de 2008, los retiros anticipados se fueron incrementando hasta los 678. En total, 853 beneficiados que han venido recibiendo mensualmente un complemento de sueldo hasta que alcancen los 70 años. A los planes podía acogerse tanto el personal funcionario como el laboral con treinta años de experiencia. La cifra supone el 22% del total de España, más de uno de cada cinco retirados.

En ese tiempo, las universidades andaluzas han perdido 1.455 profesionales, pese a que en teoría las prejubilaciones se sustentaban en el principio de rejuvenecer la plantilla y permitir la entrada de nuevos investigadores y docentes. El resultado de los revestidos como «premios a la jubilación» –en la Universidad de Sevilla, por ejemplo, se convocaban cien al año y cincuenta para el personal de administración y servicios– ha sido la pérdida de docentes, añadiendo a ello un sobrecoste que en los próximos ejercicios ha comprometido un gasto de 18 millones de euros, según la proyección calculada por la Cámara de Cuentas en su fiscalización de las cuentas de las universidades andaluzas del año 2012, presentado en este ejercicio.

Las bajas incentivadas se aplicaron por última vez precisamente en 2012, cuando el Tribunal de Cuentas alertó de que podía tratarse de una práctica irregular, que se había extendido a la mayoría de las universidades –en Andalucía, en todas excepto la de Málaga y la Olavide–. Señalaba que «carece de amparo legal el abono de los citados incentivos cuando se ha extinguido la relación de servicios con la universidad». Más cuando en la práctica funcionan como un complemento de sueldo, al que se aplica la reducción del IRPF correspondiente y se abona cada mes. Las cuantiosas cantidades que las universidaes siguen destinando a cubrir este complemento podían extenderse como tope diez años, ya que el personal recibiría el pago hasta septiembre del año que cumpla 70. Desde 2008, ha supuesto un desembolso de 97 millones de los presupuestos públicos; una media de 900.000 euros al mes.

Las de Sevilla y Granada son las que destinan más fondos: para este año, la US contempla cinco millones de euros y la UGR 3,5; el pasado, entre las siete desembolsaron 10,7 millones. En 2014 el coste subió a 12,5 millones y el año anterior 14,4. Estos premios también se convocaban para el personal de administración y servicios. El pago se articulaba, como en el resto, con cargo al Fondo de Acción Social. En total, hasta 2012 se acogieron 853 personas, destacando la UGR con 248 y la US con 308 prejubilados. Los gastos por este concepto en el período 2008-2012 se multiplicaron por tres, de cinco a 15 millones, un coste que se mantendrá hasta que los afectados cumplan los 70 años y que supuso en ese intervalo 51 millones.

El Tribunal de Cuentas resolvió en su informe que «dada la falta de una norma legal que habilite a las universidades públicas para disponer en esta materia de jubilación voluntaria anticipada distinta al marco general establecido» y que la jubilación es una de las causas de pérdida de la condición de funcionario, «carece de amparo legal el abono de estos incentivos cuando se ha extinguido la relación de servicios con la Universidad». Aún así, quienes se habían retirado continuaron cobrando este complemento. El Plan de Actuaciones de la Cámara de Cuentas andaluza recoge que este año se realizará una nueva fiscalización de las cuentas de las universidades.

El convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas andaluzas recoge que quienes se jubilen antes de los 65 años recibirán un incentivo de entre 7.624 y 2.103 euros, que disminuye en función de a qué edad se acojan a ella. Se enmarcan en la acción social de la Universidad, cuya naturaleza es mejorar las condiciones educativas, culturales, sociales y en general promover el bienestar de sus empleados. Fija también que los presupuestos de cada entidad «tenderán a alcanzar una dotación mínima anual para acción social que debe situarse entre el 1,25% y el 1,5% de la masa salarial en la medida en que así lo permita la situación financiera».