Fraude en los cursos de formación

«Preocupado» por la custodia de expedientes desde 2012

El ex delegado de Empleo en Córdoba niega que las ayudas estuvieran «faltas de documentación»

«Preocupado» por la custodia de expedientes desde 2012
«Preocupado» por la custodia de expedientes desde 2012larazon

El ex delegado de Empleo de la Junta en Córdoba Antonio Fernández Ramírez llegó a la comisión de investigación con la intención de no contestar a las preguntas de los diputados, pero se fue «animando», según él mismo admitió en el transcurso de su intervención. Al final, prácticamente respondió a casi todas las cuestiones, aunque se dejó en el alero algunas importantes que deberán esclarecerse en sede judicial. Es el caso de los motivos por los que la empresa Faasa «se paso en la modulación» de los cursos, extremo que sí reconoció, pero sobre el que pospuso cualquier aclaración a que se sustancie el proceso judicial en el que está inmerso.

Fernández llegó con una intención a la cita: negar que durante su mandato como delegado de Empleo y responsable del SAE entre 2004 y 2012 en la provincia de Córdoba se produjera irregularidad alguna. Por primera vez, un compareciente reprodujo –a través de su teléfono móvil– palabras grabadas de otro de los citados en la Cámara para avalar sus argumentos. En este caso, usó un audio del interventor provincial de Córdoba para afirmar que le preocupaba que en 2010 y 2011 cuando éste fiscalizó los expedientes estaba la documentación y una vez que el alto funcionario la solicitó para elaborar el informe especial –cuatro años más tarde, con el ex delegado fuera de la Junta– no se le remitió. «Me preocupa porque yo soy el responsable de la custodia y control de los documentos y me preocupa bastante más que en la comisión se haya dicho que los expedientes están desordenados y faltos de documentación, porque todos los expedientes fueron presentados en tiempo y forma y con el visto bueno de la Intervención, y ahora se me presenta como culpable», dijo el ex delegado.

En este periodo, el encargado de custodiar los expedientes era la Junta de Andalucía, que en 2012 interrumpió la concesión de ayudas e impulsó un procedimiento de cambio de competencias. Otros comparecientes ya apuntaron a que se podía haber extraviado documentación en los dos traslados que ha habido hasta la fecha –de Empleo a Educación y de nuevo regreso a Empleo–.

En ese punto, comenzaron las preguntas de los diputados y Fernández acabó respondiendo a muchas de ellas. Por ejemplo, sobre las subvenciones otorgadas a la autoescuela Virgen de la Luna de Pozoblanco, de la que fue socio fundador, y a una asociación de discapacitados, en la que trabajan dos hermanos suyos, apuntó que «no se inhibió porque no había ninguna colisión de intereses».

A preguntas del diputado popular Miguel Ángel Torrico, aseguró que desconocía que se celebraron cursos de formación en sedes que compartían UGT y el PSOE, aunque, a su juicio, de haber ocurrido así no habría problema si el espacio estaba homologado para ello.

«Diligencia y rigor»

La ex delegada de Empleo en Granada Marina Martín Jiménez también se acogió a su derecho a no declarar. En este caso, sí lo cumplió y se limitó a asegurar en una breve intervención inicial que «en todo momento» sus actuaciones al frente de este cargo se realizaron con «total diligencia y rigor», cumpliendo «la legalidad». La compareciente, como recordó el diputado del PP, Jaime Raynaud, El diputado del PP-A Jaime Raynaud, ostenta actualmente los cargos de directora gerente de la Fundación El Legado Andalusí y secretaria general del PSOE de Chauchina.

Ambos ex delegados fueron detenidos en marzo de 2015 por la Guardia Civil, en el marco de la «operación Barrado» y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

«Las dos almas de C’s» y las «filtraciones falsas del PP»

El voto de C’s es clave para inclinar la balanza en cualquier decisión que tome la comisión. La diputada del PP Teresa Ruiz- Sillero acusó ayer a la formación naranja de que «sus dos almas en Andalucía están entorpeciendo los trabajos para saber la verdad». Este periódico informó de discrepancias entre el presidente de la comisión –de C’s– y la diputada de su mismo grupo Marta Bosquet, a la hora de reclamar la documentación a la Junta. Bosquet habló de «filtraciones falsas».