La Audiencia procesa a Correa por el amaño de contratos en Jerez

A la espera de juicio por la primera época de la “trama Gürtel”, el supuesto líder de la red corrupta, FranciscoCorrea, tiene un poco más cerca otra vista oral por el supuesto amaño de contratos del Ayuntamiento de Jerez para favorecer a sus empresas, que se embolsaron 355.391 euros. El juezJosé de la Mata ha cerrado la investigación de esta pieza del “caso Gürtel” con nueve procesados por un delito continuado de prevaricación (cinco funcionarios y cuatro integrantes de la trama), entre ellos el supuesto número dos deCorrea, PabloCrespo, ex secretario de Organización del PP gallego.

Los hechos investigados se remontan a la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004. Instituto de Promoción yDesarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), organismo municipal, decidió que tres empresas del grupo Correa -SpecialEvents,Teleanuncio y Down Town Consulting- se encargarían de los trabajos (desarrollo del stand de Jerez en la feria de turismo, publicidad y propaganda, organización de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y de otro de flamenco en El Retiro) “sin condición y requisito alguno”. Las empresas del cabecilla de “Gürtel” se pusieron manos a la obra“mucho antes de la fecha real de adjudicación de los servicios”, lo que se produjo en realidad tras la celebración de Fitur, aunque se falsearon las fechas para simular que la decisión fue anterior y dar así una “apariencia de legalidad” a los expedientes.

Dos de los contratos se adjudicaron “sin publicidad” obviando el preceptivo concurso público y el tercero se hizo como “contrato menor por razón de su cuantía” para burlar la ley y no tener que abrir la convocatoria a otras empresas.

Aunque Fitur concluyó ese año el 1 de febrero, las empresas de Correa elaboraron sus presupuestos y presentaron sus ofertas después de su celebración, por lo que los expedientes administrativos (en cuya elaboración participaron las sociedades beneficiarias) se “construyeron” con posterioridad dando inicio a un procedimiento “ilegal”.

De la Mata sostiene, recurriendo a jurisprudencia del TribunalSupremo, que la arbitrariedad fue “patente y grosera” y que se desbordó la legalidad “de un modo evidente, flagrante y clamoroso”.Todos los funcionarios procesados, subraya, “se confabularon para adjudicar los contratos a las empresas que previamente habían decidido”. Para el magistrado resulta “evidente” que fueron plenamente conscientes de la arbitrariedad de todas las resoluciones.