«Protección social» para familias numerosas que ganan 600.000 euros

En un año 559 hogares con sueldos de más de 150.000 euros recibieron los cien euros al mes del Gobierno central, mientras miles de familias sin ingresos no tienen acceso a esa medida fiscal

En 2015 entró en vigor la reforma fiscal del Gobierno que permite desgravarse a las familias numerosas entre 1.200 y 2.400 euros. La medida contempla los pagos anticipados, de forma que se convierte en un «cheque» mensual de cien euros –200 si se tienen cinco hijos o más–. Durante el primer año, en Andalucía se beneficiaron 96.479 contribuyentes, según contemplan las estadísticas de declarantes del IRPF.

Este impuesto negativo se articuló, según la Agencia Tributaria, para la «protección» a familias numerosas, junto a otras medidas que bonifican a quienes tienen a su cargo a familiares con discapacidad. Sin embargo, la protección se diluye precisamente con los colectivos más vulnerables: las personas sin ingresos. Para poder recibir el pago –sea adelantado o no– es necesario, además de disponer del título de familia numerosa, estar cotizando en la Seguridad Social o en alguno de los regímenes establecidos un mínimo de tiempo. Las personas con algún tipo de ingresos, sea la prestación por desempleo o pensiones, también tienen derecho. El problema llega cuando una familia agota sus prestaciones –incluso los 426 euros para desempleados de larga duración–. Esta teórica protección social a las familias no establece sin embargo un «techo» de ingresos. Esto permitió que 559 contribuyentes que cobran más de 150.000 euros al año se acogieran a la desgravación en ese primer ejercicio. De ellos, 26 tienen sueldos que superan los® 600.000 euros.

En ese primer año, en la comunidad 114.324 familias disponían del título de familia numerosa expedido por la Junta –incluye a familias con un solo progenitor y dos hijos y a padres con dos hijos y uno de ellos con discapacidad–. La diferencia entre quienes recibieron el «cheque» de 1.200 euros y el total de los hogares numerosos supera las 17.800. No todas ellas se han visto afectadas negativamente porque la estadística de la Agencia Tributaria solo incluye a quienes han presentado la declaración de la renta. Otros muchos han recibido esas cantidades anticipadamente, mes a mes, pero no figuran por no tener obligación de presentarla. Fuentes de la Agencia Tributaria aclararon este punto aunque no aportan los datos definitivos de a cuántos realmente ha dejado fuera la medida del ministro Cristóbal Montoro. En total, los andaluces han recibido 96 millones, casi mil euros por contribuyente –esto ocurre porque las cantidades percibidas no incluyen en todos los casos el año completo–. En total, la deducción ha supuesto al Estado ingresar 488 millones menos en toda España.

El mayor desembolso atañe a familias englobadas en la «categoría general» –entre tres y cuatro hijos–, que supusieron 88.619 beneficiarios y un desembolso de 81 millones de euros. Para otros 7.860 andaluces con cinco hijos o más se ejecutaron 15 millones de euros en devoluciones.

La organización Save the Children tiene entre las prioridades de su agenda de propuestas políticas para Andalucía precisamente que este tipo de prestaciones se articulen como ayudas directas. Su forma actual discrimina a quienes disponen de menos recursos, ahondando en la desigualdad que padecen. Los informes periódicos sociales señalan que las familias numerosas tienen un mayor riesgo de pobreza relativa: el último dato al respecto recogido en un informe sobre Infancia de Unicef señala que el 43,7% lo están, cinco puntos más que en la medición realizada cuatro años antes (2011). De este colectivo, las más vulnerables son las familias formadas por un solo progenitor con hijos a cargo.

La propuesta de Save the Children es que se articule una prestación económica por hijo o menor acogido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Su aplicación sí estaría ligada a la renta familiar, «aplicando el umbral de riesgo de pobreza actualizado para contribuir a la reducción de las tasas de pobreza infantil a nivel estatal y autonómico», restándole al cálculo los gastos de vivienda habitual que superen el 35% de los ingresos y los vinculados a la educación y sanidad no cubiertos por el sistema.

En Andalucía, el 18,8% de los menores vive en hogares con una baja intensidad de trabajo, que supone que tienen empleo por debajo del 20% del total de su potencial de trabajo –si puede hacerlo a jornada completa todo el año y por ejemplo solo trabajó dos meses–. Además, el 54% de los hogares con niños no puede afrontar gastos imprevistos, un índice once puntos superior a la media española. Esta realidad cuestiona el carácter «universal» de las medidas de protección social del Gobierno, penalizando a padres sin empleo por no cumplir con la cotización mínima. Una persona que haya agotado la prestación por desempleo y cobre los 426 euros del Gobierno sí puede acogerse a la deducción. En cuanto expire esa ayuda, perderá sin embargo ambas.

Algo similar sucede con la desgravación para las madres trabajadoras: se aplica solo si es ella la que trabaja. En caso de que esté en paro y sea el hombre el que tenga empleo, no cobrarán los cien euros mensuales estipulados, como rebaja del IRPF.

Desde que el Gobierno puso en marcha las deducciones de 1.200 euros al año por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, los contribuyentes han recibido una rebaja fiscal de 1.142 millones de euros.