Rebaja de «expectativas» en las causas judiciales sobre los cursos

Mientras en el Parlamento andaluz la comisión de investigación centrada en las presuntas irregularidades en los cursos de formación ha suspendido sus trabajos durante la campaña electoral de las generales del 20D, las causas judiciales abiertas en torno a él siguen su curso, pero, según fuentes judiciales, sin voluntad de «espectáculo» por parte de sus capitanes.

Uno de los focos de atención pasa por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige ahora María Núñez Bolaños y que se encarga del grueso del escándalo, incluso después de que la Audiencia Provincial de Sevilla lo obligara a inhibirse en la rama que afecta a UGT, sindicato que se encuentra ya bajo la lupa del órgano de Instrucción número 9.

Fuentes ligadas al juzgado de Núñez deslizaron que tras la salida de su anterior titular, la jueza Mercedes Alaya, la «macrocausa» de los cursos dormía el sueño de los justos. Si bien, otras fuentes apuntan ahora a este periódico que la magistrada «está pendiente de un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para empezar a tomar decisiones, después de estudiarlo». Un trabajo policial que ya estaría listo y que rebajaría «las expectativas creadas en relación a esta causa», avisan.

Además, juzgados de las ocho provincias andaluzas también tiran del hilo formativo. En el caso de Sevilla, lo hace el número 16, que comanda Juan Gutiérrez Casillas. Según han asegurado fuentes del caso a LA RAZÓN, el juez ha limitado desembozadamente el supuesto fraude en la provincia a siete empresas que recibieron fondos de la Delegación Provincial de Empleo, de las más de veinte investigadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dentro de la bautizada como «Operación Edu». Una rebaja que afecta también al montante defraudado dado que, si «a priori» éste se llegó a elevar hasta los 3,7 millones de euros, la decisión de Gutiérrez lo habría situado, de probarse el delito, en 1.547.000 euros. ¿Por qué ha tomado el instructor esa resolución? Fuentes de la causa explican que ha atendido una petición de la Fiscalía y ha archivado las actuaciones en torno a las sociedades que, o bien no se ha podido demostrar que haya delito, o bien recibieron ayudas en una cuantía inferior a los 120.000 euros, cuantía a partir de la cual se puede considerar que ha habido fraude de subvenciones. El instructor formará una pieza separada por cada una de las siete sociedades, que se unirá a la rama nuclear sobre la falta de control por parte de la Junta. Entre las empresas que, de momento, siguen siendo escudriñadas se encuentra una vinculada al ex consejero Ángel Ojeda.