Rebaja del impuesto de Sucesiones... si hay caja en la Junta

Hacienda vincula la reducción de este tributo en las explotaciones agrarias a la «disponibilidad presupuestaria», pese al compromiso adquirido con C’s

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, aseguró ayer que la mesa creada para concretar una reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones en las explotaciones agrícolas «sigue trabajando», de forma que, según apuntó, dicha reducción se efectuará «conforme a las conclusiones de ese grupo» y se podría aplicar este año «en función de las disponibilidades presupuestarias».

«Cuando el grupo tenga las consideraciones correspondientes, actuaremos conforme a lo que dictaminen», de manera que aplicarían la reducción este año «en función de las disponibilidades presupuestarias». Recordó en este sentido que esa reducción regirá para las explotaciones en uso. Ciudadanos, sin embargo, señaló a través de un comunicado cuando llegó a un acuerdo con el PSOE en el mes de marzo que la rebaja sería efectiva este año.

Montero, asimismo, pidió al PP que «no use doble vara de medir», toda vez deslizó que los populares «podrían haberlo modificado hace varios meses, pero ustedes quieren la supresión total», les recriminó.

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Miranda acusó a la Junta de «engañar» a Ciudadanos, «como ya hizo con sus antiguos socios de gobierno de IU con el ente público de crédito», ya que consejero popular considera que la Junta «no ha hecho nada» en este asunto.

Los agricultores que cuentan con explotaciones agrarias en propiedad son uno de los colectivos más afectados por el impuesto de Sucesiones y Donaciones que en Andalucía –con el gravamen más alto junto a Asturias y Murcia– tributa a partir de los 175.000 euros.

Hay que tener en cuenta que el programa económico con el que Ciudadanos concurrió a las pasadas elecciones generales abogaba precisamente por que las rentas heredadas comenzaran a tributar a partir del millón de euros. Sin embargo, esta formación en Andalucía ha puesto el listón mucho más bajo, ya que la bonificación la extienden hasta el tramo de los 350.000 euros.

El Partido Popular aboga, siguiendo el ejemplo de Madrid, por una bonificación del 99 por ciento, un objetivo que se conseguiría a través de varias rebajas escalonadas. La dirección andaluza de esta formación inició hace unos meses precisamente una campaña de movilización que se ha cerrado con el objetivo inicial de conseguir 200.000 firmas.

El Partido Popular se atribuye a su presión ejercida con esta campaña que PSOE y Ciudadanos firmaran a principios de marzo el acuerdo para la reducción de este tributo en las explotaciones agrarias, ya que el PSOE se negó inicialmente a introducir esta reforma en los Presupuestos para este año. Aún así, y pese a que la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donacones es una de las banderas económicas del proyecto económico de Ciudadanos, la formación naranja apoyó las cuentas. Las apoyó incluso antes de que las aprobara en primer término el Consejo de Gobierno. La mesa constituida entre ambas formaciones para la modulación del impuesto de Sucesiones y Donaciones se creó en el mes de noviembre, y ya va camino del medio año de vida sin que aún se hayan producido acuerdos concretos.

La culpa de no pagar la extra, del Gobierno

El recorte de la paga extra de 2012 ha vuelto a reverberar después de que el Gobierno central haya anunciado que pagará este mes a los funcionarios dependientes del Estado el 50 por ciento restante. La Junta, sin embargo, sólo ha pagado un 25 por ciento a los empleados públicos pese a que los funcionarios autonómicos han sufrido también la reducción de la mitad de las pagas de verano y navidad de 2013 y 2014. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, respondió ayer culpando al Gobierno. Señaló que el Ejecutivo central «no ha dotado económicamente las partidas presupuestarias» para que se pueda completar el abono de la paga extraordinaria del año 2012 a empleados públicos «en el resto de administraciones» del Estado, como las comunidades autónomas. Lo cierto es que son las comunidades las que tienen que hacer frente a este desembolso presupuestario, ya que fueron también las comunidades las que se beneficiaron del recorte. Andalucía es, de hecho, de las pocas comunidades que ha devuelto sólo el 25 por ciento. Algunas, como Extremadura, ya han reintegrado el cien por cien a sus funcionarios.