Recio: «Esto de más personal trabajando era como mentar la bicha»

El ex titular de Empleo «no conoce» a Ojeda ni ordenó a nadie reunirse con él «absolutamente para nada» y niega que Griñán le diera instrucciones sobre qué hacer en materia de formación, dado que un consejero tiene «libertad de hacer»

La comisión de investigación parlamentaria que busca depurar responsabilidades políticas por el presunto fraude en formación escuchó ayer a dos comparecientes con un nexo común: fueron consejeros de la Junta y ahora están en el foco de la Justicia. Arrancó la jornada el ex titular de Empleo Manuel Recio y lo hizo para sumarse a quienes ya habían dejado patente la falta de personal que lidiara con las ayudas formativas.

A preguntas de los diputados José Antonio Castro (IU) y Juan Ignacio Moreno Yagüe (Podemos), Recio admitió que en el «intento de hacerlo lo mejor posible» se instalaron en «una reclamación constante de personal». Expuso que en su etapa y aún hoy, existe «un diablo», el déficit público, que «parecía el centro de todos los males y al que se le achacaban todos los problemas» y que provocó que «esto de más personal trabajando» fuera «como mentar la bicha». Sostuvo que «el recurso humano es escaso» y «donde más se nota» es en «un servicio tan intensivo como es el de empleo». O, expresado de otra forma, en un momento de «tormenta perfecta», en el que «de lo que todo el mundo hablaba era de estrechar la Administración», los años más duros de la crisis, «la línea de flotación» fue la Consejería de Empleo. ¿Hizo algo al respecto? «Tratar de utilizar las herramientas tecnológicas a nuestra disposición para cubrir la falta de personal», aseveró o de «automatizar todos los procesos que pudimos». Relató que «con la ayuda telemática» liberó todos los recursos que fue posible, pero reconoció que «es una evidencia» que «eran insuficientes», no sólo en su departamento ni en la Junta, matizó. Yagüe le planteó si esa falla, que provocó a su vez el atasco en la revisión de expedientes de los cursos, no posibilitó que «personas avispadas» se aprovecharan del sistema, a lo que el ex consejero contestó que «puede haber personas oportunistas alrededor de la Administración y de las empresas» para apostillar: «Eso no lo evitamos con ningún sistema porque no hay ninguno perfecto». Explicó que en 2010, año en el que asumió el cargo, hubo un incremento del 30% del Presupuesto para acciones formativas, lo que supuso «una carga administrativa extra» en la «preparación de las subvenciones de ese año», que tuvieron que afrontar sin refuerzos. Aunque insistió en que se «hicieron cosas», como detectar que «uno de los cuellos de botella que había era en verificadores», por lo que se reclamaron a «fondos europeos» para «desatascar» y se hizo. Aunque no en la medida necesaria, «a la vista de los resultados». Al mencionado aumento del 30% presupuestario achacó asimismo el elevado número de exceptuaciones de justificar en plazo de su época –en torno a 2.600–.

Negó a Castro y a la parlamentaria popular Teresa Ruiz-Sillero haber recibido «instrucciones» u «orientación» por parte del ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, o del Consejo de Gobierno «en cuanto a qué había que hacer con la formación para el empleo». Argumentó para sustentar su «no» que «los criterios que se tratan a nivel de un Consejo de Gobierno son, en principio, mucho más generales» y que «la libertad de hacer de un consejero en este sentido es amplia y está marcada por una serie de acuerdos previos». Con Griñán no despachó tampoco sobre las ayudas ligadas a la bahía de Cádiz y a Delphi.

A ambos diputados andaluces relató además que se enteró de que la ex directora general de Formación Teresa Florido –a quien definió como una «excelente profesional»–, era cuñada del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda –uno de los mayores beneficiarios de estos fondos e investigado como Florido por la Justicia– el día que ella le solicitó que «tuviera una avocación en sus responsabilidades porque era un familliar». «No conocía al señor Ojeda en ese momento, no tenía ni idea, no sabía quién era y hoy día ni siquiera tengo conocimiento personal con él», aseguró. Para añadir que «nunca» tuvo «ninguna reunión» con él ni le trasladó «a nadie que la tuviera absolutamente para nada». «Entonces era incapaz de asociar las entidades del ex consejero con él», remató.

Al PSOE, Recio le confesó que su consejería sufrió una «enorme presión» –más que por los cursos por el «caso ERE», en el que finalmente fue imputado– y a Castro, de nuevo, que no podía afirmar que los fondos públicos otorgados para formación para el empleo se hayan destinado «todos a ese fin». «Es imposible que lo sepa, ni siquiera los de mi periodo», señaló, dado que «el proceso de justificación y control» de los que se repartieron en él excedió los dos años que estuvo al frente de la consejería, «sentado en un polvorín», en palabras del diputado de IU.

«Aquello no fue perfecto ni idílico, de hecho, –resumió– les he intentado trasladar un entorno absolutamente turbulento, como creo que en justicia fue». Antes de irse, dejó claro que «todas y cada una de las ayudas» que firmó «tuvieron fiscalización previa», y alertó a los Grupos de la existencia de «movimientos para privatizar» los servicios de empleo, por lo que les demandó que en sus conclusiones traten de conservar «lo bueno» del sistema público mejorable.

Le relevó en el asiento el ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila, quien como él rechazó que la Junta hubiera aplicado trato de favor a empresarios y como él desconoce los motivos de su cese. En el caso de Ávila, la mayoría de los interrogantes que le dirigieron se centraron en las exceptuaciones, dado que en calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) firmó una masiva, en diciembre de 2012, que incluía a 1.162 entidades, algunas ahora en el punto de mira de los tribunales. Se esforzó por diferenciar entre exoneración y exceptuación y en dejar claro una y otra vez que no «perdonó» a nadie de justificar las subvenciones. Recalcó, en línea, que si se optó por esa vía para «poder pagar anticipos de subvenciones» ya concedidas a entes a los que la Junta no había terminado de revisar otras, debía aplicarse a todos los que estuvieran en esa situación «por un mínimo principio de igualdad».

Desmintió que la normativa andaluza sea «laxa» y aceptó que en la Administración se suele «ser reacio» a ceder competencias y el traspaso de las formativas entre consejerías pudo dar lugar a «fricciones» que procuró diluir. El PP se interesó por saber ¿dónde están los 386 millones del 25% que la Junta no ha pagado aún a los beneficiarios –Reciono lo sabía– y apuntó que el dinero finalista que no se gasta se incorpora al siguiente Presupuesto, se «encabalga».