Sevilla
Reclamación de 10 millones a la Junta por la ayuda a domicilio
El Consistorio sevillano se cansa de esperar la subvención
El PP presentará por la vía de urgencia un moción en el Pleno de hoy para instar a la Consejería de Salud y Bienestar Social a abonar los 10,1 millones correspondientes a la financiación del servicio de ayuda a domicilio de 2012 que mantiene pendientes con el Consistorio. Además, se reclama que mantenga la subvención para la contratación de personal de refuerzo de los servicios sociales para las competencias que la Junta atribuye a los Ayuntamientos.
La delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco, destacó «la preocupación» del Gobierno municipal por los incumplimientos de la Junta, que tiene la obligación de financiar y anticipar el dinero «aunque sea al precio que ellos mismos establecen, claramente insuficiente para cubrir el coste real». A ello hay que sumar la reducción del 50% de la subvención para toda Andalucía, aunque a día de hoy no ha comunicado nada de forma oficial. «La obligación de la Junta es pagar, igual que el Ayuntamiento ha cumplido con rigor sus compromisos».
Para el refuerzo del servicio se hallan contratados por el Ayuntamiento 44 empleados. Al no soportar más la actual situación, se ha presentado por parte de la Administración local una reclamación al convenio suscrito en diciembre de 2007, modificado mendiante una adenda del 18 de noviembre, y con los actos dictados por la Administración autonómica en ejecución de dicho convenio.
Mientras tanto, el Ayuntamiento se ve obligado a adelantar cantidades para el pago del servicio de asistencia a domicilio, «sin que le corresponda». La Junta se ha limitado a efectuar dos transferencias por un importe conjunto de 3.072.549,90 euros, sin comunicar previamente nada.
La problemática se ha trasladado a la calle. Un total de 49 trabajadores sociales y auxiliares administrativos del Ayuntamiento del servicio de dependencia realizarán una protesta tras comunicárseles el cese con fecha 31 de diciembre. La falta de un presupuesto concreto obliga al Consistorio a renegociar una «reestructuración» para ajustar la plantilla a los fondos disponibles. La idea es mantener el máximo de puestos.
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