Reclaman medidas cautelares pese a colaborar con Alaya

La Audiencia solicita fianza civil para el ex interventor y dos cargos de Empleo.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que imponga «medidas pecuniarias» a tres imputados en la causa de los ERE «para asegurar sus posibles responsabilidades» a los que la magistrada había eximido por distintos motivos. La decisión afecta al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez; al técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA, Antonio Diz-Lois; y a la abogada y ex asesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta María José Rofa.

El auto de la Audiencia considera que «el encauzamiento jurídico-penal de la actuación de un imputado de colaboración en la investigación judicial de los hechos podrá ser el de una posible atenuación de la pena, pero no una negativa a adoptar (o dejarlo para un momento posterior cuando no se ha hecho así con otros imputados) medidas de aseguramiento de esas eventuales responsabilidades pecuniarias, sin perjuicio de que para modular la cuantía del aseguramiento pueda tenerse en cuenta el grado de su intervención».

La decisión de la Audiencia puede partir de un error. La Fiscalía Anticorrupción no solicitó medidas cautelares para Gómez ni para Diz-Lois. Sí lo hizo para Rofa. En concreto, 205 millones de euros. La juez no le impuso fianza civil pese a que le imputó malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. La ex asesora ha aportado numerosa documentación a la Guardia Civil y ha colaborado con los agentes explicándole cómo funcionaba la Consejería de Empleo durante el tiempo en el que ella estuvo contratada.

Esta decisión fue la que recurrió el Ministerio Público ante la Audiencia. Alaya justificó el trato especial a Rofa por el «criterio» de la Fiscalía con respecto a Gómez y Diz-Lois, a los que no les exigió responsabilidad pecuniaria. Ahora la Audiencia decide que las medidas cautelares deben imponérsele a los tres, por lo que el auto corrige a la magistrada pero también a Anticorrupción, que entendía en su apelación que eran casos no comparables. O eso o la Audiencia también se equivoca.