Constitución
Sevilla Abierta, en contra del referéndum catalán
La Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, integrada ya por más de 180 ciudadanos, creada en 2006 como un foro plural para fortalecer el papel de la sociedad civil en la articulación de la ciudad con una mentalidad de sociedad abierta y moderna, se posiciona en contra del referéndum catalán. La entidad recalca que “uno de los valores que sustentan su declaración fundacional es la defensa de las libertades colectivas e individuales”.
Sevilla Abierta indica que “quienes estén de acuerdo con este manifiesto y deseen suscribirlo también, ya sean personas, entidades o asociaciones, pueden escribir un email a la dirección de correo electrónico sevillaabierta@gmail.com , indicando sus datos personales o corporativos, y les incorporaremos a la lista de firmantes”
“La sociedad española gracias al pacto constitucional materializado en la Carta Magna refrendada masivamente en 1978, ha logrado vivir su mayor y mejor periodo democrático de toda la Historia. Nunca se había alcanzado tal grado de derechos y libertades, homologables a los países más avanzados del mundo. Y nunca se había descentralizado tanto la gobernanza, hasta el punto de que el Estado de las Autonomías español es equivalente en muchos aspectos a un modelo de Estado federal en otros países europeos”, arracan el manifiesto.
“Tanto la Constitución como todo el ordenamiento legal que emana de ella han propiciado por vez primera en España un marco de separación de poderes, con el que se han logrado las más altas cotas de toda nuestra Historia para hacer realidad dos principios básicos. El primero: todos somos iguales ante la ley (y se ha materializado con la condena y entrada en prisión de personas que, por razón de su cargo y de su estatus social, antes eran intocables y gozaban de impunidad). Y el segundo: cualquier reforma legislativa, inclusive la de la Constitución, es posible mediante procedimientos reglados y transparentes que garantizan ser fruto de la voluntad política de la mayoría de la ciudadanía, y no la imposición por parte de una minoría”, continúa.
“En una democracia, la ley garantiza la convivencia y la expresión política. La gobernanza sin sometimiento a las leyes socava la democracia y aboca al conflicto donde ganan los más poderosos, los más fuertes, los mejor organizados, los más privilegiados. Mientras que los más humildes, los más desfavorecidos, los menos protegidos son los que pierden siempre. Cualquier ciudadano tiene el derecho a estar en desacuerdo con una ley, y también puede estar en desacuerdo con la Constitución en todo o en parte. Pero no tiene derecho a desobedecerla. Ni tiene derecho a desobedecer las sentencias judiciales. Ni tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Y si esa insumisión la comete un gobernante, entonces ningún ciudadano tiene garantizados sus derechos y libertades, porque lo que impera es la arbitrariedad. Tanto en las instituciones como en la calle”, prosigue.
Sevilla Abierta sostiene que “desde nuestra defensa de los principios democráticos, nos dirigimos a la sociedad catalana en su conjunto, para rechazar el intento de dividirnos mediante un referéndum ilegal que es un subterfugio para provocar una secesión por la fuerza de los hechos consumados”. “Ni en el Estatuto de Cataluña, ni en el Reglamento de su Parlamento autonómico, ni en la Constitución Española, ni en los Tratados de la Unión Europea, ni en el Derecho Internacional, tiene base legal el órdago abanderado por los políticos que ahora presiden el Gobierno autonómico y el Parlamento autonómico. Es un burdo intento de inventarse una legitimidad paralela a las leyes españolas para justificar sus decisiones preestablecidas”, explcia.
Y continúa: “La fractura social, que se ha agudizado muy gravemente en el seno de la sociedad catalana, se ve apoyada porque las autoridades endosan su propio problema político a la ciudadanía. La Generalitat es un poder del Estado y les presiona desde sus mensajes institucionales para que se arriesguen a desobedecer las leyes y las sentencias. Así no se construye un modelo de sociedad democrática. La tramitación a hurtadillas y la aprobación a la carrera en el Parlamento autonómico de las leyes más decisivas para el presente y futuro de Cataluña, conculcando las normas de funcionamiento de la Cámara, y sin respetar los derechos de los grupos de la oposición, no son una actuación democrática, y demuestran no tener voluntad de integrar al conjunto de la sociedad catalana. La escenificación de un referéndum sin reglas del juego en el que la Administración convocante no es neutral y sus dirigentes presumen de ilegalidad, y ya tienen decidido que no importa la participación para interpretar cuál es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, parece un disparate impropio en un país de Europa en el siglo XXI”.
La entiedad sostiene que “las mejoras que necesita la sociedad catalana, al igual que toda la sociedad española, responden a las demandas que desde comienzos de siglo se exponen desde muchos ámbitos. Demandas a las que ya urge atender por la evidencia de la corrupción política, que se enquista como un cáncer en el propio sistema generando cada vez una mayor desconfianza de los ciudadanos y el desprestigio de los mandatarios en las más altas instituciones del Estado. Por la desigualdad socioeconómica y la escasa voluntad de acuerdos entre las fuerzas políticas que impide reformas para mejorar la educación, impulsar la ciencia, adecuar la fiscalidad a la justicia social, garantizar la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas públicas. Todo ello puede y debe articularse en una reforma y modernización de la Constitución que se elaboró cuando España no formaba parte de la Unión Europea y que fue sometida a referéndum en circunstancias lejanas en el tiempo y ampliamente superadas. El inmovilismo que ha caracterizado a todos los gobiernos españoles una vez se apagaron los fastos de 1992 es corresponsable de la inestabilidad que sufre la democracia española desde el estallido de la crisis económica hace una década”.
Para Sevilla Abierta, “la sociedad catalana, al igual que la del resto de España, desde su pluralidad, debe participar en el proceso de reforma de la Constitución. Cuanto antes ha de articularse por los procedimientos reglados. Y abogamos por fortalecer en el nuevo texto constitucional, 40 años después, que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos, libertades y obligaciones en todo el territorio nacional. Eso es lo propio de una sociedad moderna, y no plantear que los derechos, libertades y obligaciones son prerrogativas a repartir discrecionalmente en función de los territorios. Eso es lo propio de una sociedad feudal”.
Desde la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta se hace “un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a todas las entidades sociales para actuar dentro de la ley, y a favorecer el diálogo para mejorar nuestro sistema democrático dejando de lado las emociones y poniendo encima de la mesa la razón. Si hemos conseguido ser una sociedad abierta es por hacer camino en la gestión de los problemas y las disensiones mediante la mentalidad ilustrada: pluralidad, argumentos, debate, concordia. No con las inercias inquisitoriales: imposición de una identidad, sambenitos, persecución, enfrentamiento”, concluye.
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