Sevilla rinde cuentas ante la Unesco

El patrimonio de Sevilla vuelve a estar desde hoy en el punto de mira de la Unesco. Pero en esta ocasión, a diferencia de junio del año pasado, por una cuestión bien diferente. Medio millar de profesionales, la mayoría arquitectos y urbanistas, participan en un congreso sobre arquitectura contemporánea en ciudades con paisajes históricos, organizado por el Ayuntamiento hispalense en colaboración con el organismo internacional. Tres días en los que se debatirá un asunto que casi provoca que la capital sevillana entre en la lista negra del patrimonio mundial: la difícil cohabitación entre el patrimonio histórico y los nuevos desarrollos urbanos.

La cita no es más que un compromiso que adquirió el alcalde, Juan Ignacio Zoido, en el comité del patrimonio mundial de la Unesco que se celebró en 2012 en San Petersburgo. El organismo había advertido del «fuerte impacto» que estaba provocando la construcción de la Torre Pelli sobre los tres monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar. Tras unas duras negociaciones, el organismo internacional retiró la amenaza, aunque le impuso deberes al Gobierno local: realizar nuevos planes sectoriales para reforzar la protección del patrimonio.

¿Qué ha pasado durante este último año? El Ayuntamiento ha mostrado su voluntad de impedir que se repitan casos como el de la Torre Pelli y de revisar las futuras construcciones en altura. Sin embargo, este compromiso no se ha traducido en ninguna norma urbanística. Mientras, La Caixa ha seguido adelante con el rascacielos, que ya ha llegado a su cota máxima y el revestimiento alcanza la planta 21. Tanto daño causó aquella amenaza a la imagen exterior de Sevilla que Zoido quiere reparar la herida con este encuentro internacional.

El Gobierno local, igualmente, pretende mostrar a los participantes y miembros de la Unesco el buen estado de los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad y otras acciones encaminadas a proteger el casco histórico. El objetivo es solicitar la ampliación de esta declaración a otros monumentos significativos, como la Torre del Oro, así como el entorno del río. Una estampa –la torre, el puente de Isabel II y el Guadalquivir– que sigue dando lustre a la ciudad y que el Ayuntamiento quiere que sea reconocida por la Unesco.

Al Ayuntamiento le preocupaba el coste del congreso, dado el impacto mediático que tuvo la amenaza y su repercusión negativa en el turismo. Por eso se ha afanado en que tenga un coste cero para los ciudadanos. La mayor parte de la inversión recaerá sobre la sociedad Puerto Triana, promotora del rascacielos. Aportará 100.000 euros. Es el «castigo» impuesto para redimir a la ciudad del entuerto. Por su parte, el Ministerio de Cultura desembolsará 15.000 euros. Existe la posibilidad de que del congreso salga una declaración que sirva de guía para futuras actuaciones urbanísticas en las ciudades históricas. Una especie de decálogo que deberá aplicarse para que ninguna nueva construcción dañe al patrimonio.

Voces críticas

Sin embargo, las voces críticas no han tardado en aparecer. La asociación «¡Túmbala!» –que permanecía aletargada ante el avance de la obra– resurgió ayer para censurar que el encuentro se realice «sin contar con las universidades sevillanas y sus especialistas en las diversas disciplinas relacionadas con el patrimonio cultural» ni tampoco «con profesionales críticos con las intervenciones que más impacto han tenido sobre el paisaje urbano ni las asociaciones de defensa del patrimonio». También pone el acento el colectivo en el funcionamiento de las «muy altas esferas» de la Unesco, que «deberían ser inasequibles a ciertas presiones e influencias».