SGAE y Junta desafinan con el himno andaluz

Doscientos cuarenta euros con cuatro céntimos. Ésa es la cuantía de la transferencia que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha vuelto a autorizar a favor de herederos de Blas Infante por los derechos que el himno de Andalucía generó en el cuarto trimestre de 2013 en un bucle que parece no tener fin. La historia se remonta a diciembre de 2001, cuando la familia del Padre de la Patria donó los derechos de la obra al pueblo andaluz por escritura pública ligada a la Consejería de Relaciones Institucionales. Es más, la Junta quiso comprar el himno, que valoró, de acuerdo con lo estipulado en un informe interno, en 1.248 millones de pesetas –más de 7,5 millones de euros–. Pero los familiares no quisieron cobrar por una pieza estrenada en 1936. A partir de ahí el titular de los derechos pasó a ser el Centro de Estudios Andaluces, dependiente del departamento de Presidencia del Ejecutivo autonómico, según explican los afectados.

En 2009, los Infante denunciaron que, pese a haber remitido numerosas cartas a la SGAE para notificarles la cesión, habían seguido percibiendo cada año «unos ingresos indebidos que hay que declarar a Hacienda» y lamentaron la inacción de la Junta, donataria de los derechos. Son cuatro herederos y cada uno recibía el 25% del total de los «royalties» que genera la creación del Padre de la Patria Andaluza. Entonces distintos miembros del Ejecutivo regional ratificaron que la obra pertenecía al pueblo andaluz y la que fuera consejera de Cultura, Rosa Torres, aseveró que la Junta había remitido a la sociedad de autores el Decreto 200/2002, que recoge la donación gratuita de la familia, para instarla a que deje de recaudar por la creación. Un gesto con el que dio por zanjada la polémica.

La SGAE, por su parte, pese a mantener en principio que el himno de Andalucía estaba protegido y no pertenecía al dominio público, en contra de lo que reflejaba su propia base de datos, acabó asegurando que la familia Infante «no cobraría más». Pero ha vuelto a suceder cuatro años después y los donantes asisten con «perplejidad» a la reapertura de una controversia con tintes de condena.

En concreto, el nieto del Padre de la Patria Andaluza Estanislao Naranjo Infante explica a LA RAZÓN el motivo por el que los herederos no pueden desvincularse del cobro: «El IRPF y el IVA viene desglosado en las facturas que nos envía la citada sociedad y esto provoca un problema con Hacienda que llevamos años intentado evitar». De hecho, en los documentos de la SGAE, a los que ha tenido acceso este periódico, se recuerda a los socios que perciben «el IVA incluido en sus facturas de reparto» y que «deben ingresarlo cada trimestre en la delegación o administración de Hacienda que les corresponda». Incluso se apostilla: «Para cumplir dicha obligación», deben conservar los recibos «durante cinco años» y anotarlos «en un libro-registro». En este sentido, el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, llegó a defender en el Parlamento autonómico, durante la réplica a una intervención del parlamentario del PP Antonio Sanz que si alguien había cobrado «por el uso que pueda hacerse del himno de Andalucía», debía «devolverlo todo». Preguntado al respecto Naranjo respondió con una pregunta: «¿Nos van a reponer los impuestos que hemos pagado indebidamente?», deslizó.

Ahora exige a la Junta y a la SGAE que «se pongan de acuerdo entre ellos y dejen de pagarnos definitivamente por algo que no es nuestro». «Existen unos derechos que son de la Junta y me mandan a mí sus beneficios, ¿quieren protegerlos de una vez?», lanza a los miembros del Gobierno regional. Confía en que se «solucione pronto» lo que ya podría calificarse como la muestra de un «empecinamiento» sostenido.

Según apuntan desde la saga Infante, la SGAE les ha «trasladado» que la sociedad «abordará» el asunto en una reunión el «día 15». Si bien, a fuentes oficiales de la entidad, esa cita no les consta. Punto y seguido.