La Junta, con una administración paralela de 12.000 millones, rechaza la oficina propuesta por Podemos, pero no formaliza su promesa

El Consejo de Gobierno rechazó esta semana la toma en consideración de la proposición de ley para la creación de una Oficina de prevención y lucha contra el rraude y la corrupción –presentada por el Grupo parlamentario Podemos Andalucía por su «elevado coste», cifrado en 3,1 millones anuales–, a pesar de que el PSOE andaluz recoge en su programa un ente similar que, asegura la Junta, se creará aprovechando los recursos existentes. El Gobierno regional maneja un presupuesto aproximado de 30.000 millones de euros cada ejercicio. Sólo a subvenciones para el «sacrificio de animales», la partida más repetida en las últimas entradas del Portal de la transparencia, se han destinado más de 300.000 euros, una décima parte del coste presupuestado por Podemos para la oficina antifraude.

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció en la campaña de las autonómicas la creación de una Oficina de prevención y lucha contra el rraude y la corrupción para que quien «pretenda acercarse a lo público para aprovecharse de lo que es de todos, se lo piense porque no sólo se le va a perseguir si comete algún tipo de irregularidad, sino que se le va a poner muy difícil para que se acerque a los recursos que son de todos los andaluces». Con todo, la oficina que propone Podemos es rechazada por el Gobierno andaluz.

El aparato instrumental en Andalucía está formado por 284 entes y al mismo se destinan más de 12.000 millones, según la Cámara de Cuentas. Recientemente, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, aseguró que las medidas de mejora de la eficiencia y control del gasto impulsadas en el sector instrumental de la Junta han supuesto un ahorro de 3.329 millones de euros entre 2011-2015, lo que implica una media anual de 665 millones, indicó la consejera citando el último informe del Ministerio de Hacienda. Respecto a su financiación, explicó que el 77,4% de los recursos del sector público instrumental se dirige de forma directa a los servicios de carácter social. Según detalló, la financiación a estos entes ha crecido un 4,6% en el presupuesto de 2016, mientras que ha bajado un 6,1% en las de ámbito no social. Ha aumentado en sanidad e investigación biomédica (20%), servicios sociales y dependencia (38%), educación, cultura y deporte (15%) y en sector productivo (22%). El «esfuerzo por racionalizar y optimizar» los entes instrumentales con el plan de reestructuración acometido por la comunidad autónoma ha permitido una reducción neta de 148 entidades, lo que supone el 19% de la reducción total de las comunidades autónomas. Supera en 38 entes más el objetivo inicial marcado por la propia Junta, situado en 110, lo que supone «un balance positivo», que se ha logrado «manteniendo el empleo público y gracias al esfuerzo compartido del conjunto de profesionales». Esa reducción se cifra en un 44%, en relación con los datos del inventario del Ministerio de Hacienda, donde se apunta que la reducción media de las comunidades autónomas es de un 38%. Según Montero, «la reducción en Andalucía es superior a la media». Con todo, el Gobierno andaluz rechaza crear el nuevo ente contra el fraude que propone Podemos.

El Consejo de Gobierno argumentó que en la memoria económica de la propuesta de Podemos se fija una previsión anual de 3,1 millones y sólo desglosa las partidas para personal (a las que se reserva el 85,7% del presupuesto) y para gastos corrientes y de funcionamiento (12,5%). Además del elevado coste, la iniciativa parlamentaria de Podemos supone crear un nuevo ente cuyas funciones de control se solaparían con las que tienen asignadas la Intervención General de la Junta, la Cámara de Cuentas y la Fiscalía, alegó el portavoz, Miguel Ángel Vázquez. Asimismo, sus capacidades de investigación se verían muy limitadas por colisionar con las tareas atribuidas constitucionalmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los órganos jurisdiccionales, señaló. No obstante, indicó que la Consejería de Hacienda está trabajando en la configuración de la Oficina de prevención y lucha contra el rraude y la corrupción , planteada a partir de una reordenación de los medios humanos y materiales disponibles en la Administración, sin incremento bruto de estructuras, costes y personal. Por el contrario, la proposición de ley de Podemos supone la creación de una nueva estructura administrativa dentro del Parlamento para el ejercicio de funciones que tienen asignadas tanto la propia Cámara como los órganos de control interno de las administraciones, particularmente las intervenciones, las inspecciones de servicios o el Gabinete jurídico de la Junta.