Sindicatos se unen contra el «discriminatorio» recorte de las pagas extraordinarias

Sindicatos de sanidad, educación y administración general de la Junta han hecho frente común contra «el discriminatorio recorte económico» en el complemento adicional de las pagas extra de junio y diciembre de este año. Se trata en concreto de la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes (Faspi) integrada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía (APIA); la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), formada por el Sindicato de Enfermería (Satse) y el Sindicato Independiente de Profesores (ANPE); la Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios (FATE) y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE). Todos ellos han dejado constancia en un manifiesto de su «absoluto desacuerdo» con «unas medidas de recorte» de la Junta «arbitrarias, injustas y que incumplen los principios constitucionales».

Desde esa óptica, las organizaciones sindicales denuncian la «discriminación común» que padecen sus colectivos funcionariales, al ser «los únicos en España que soportarán» la poda en las pagas adicionales. «Hay que partir de la base –explican en el texto compartido– de que esa reducción es una medida para cumplir los objetivos de déficit». Con la iniciativa, «aplicable también al personal laboral y unida a la reducción de un 10% de las percepciones variables», se preveía ahorrar, según recuerdan estos colectivos que aluden al Plan de Reequilibrio Económico Financiero de la Junta, «142,8 millones de euros». Y añaden: «El gasto total en complemento específico de, únicamente, el personal funcionario de la Administración, ha tenido un descenso del año 2012 a 2013, de 284,7». Cuantía que resulta de «cotejar la diferencia en el coste total en dicho concepto» de las cuentas de 2012 y 2013.

Siguiendo con las cifras, sostienen que el no pagar las dos extra al personal funcionario y estatutario de la Administración andaluza, supone un ahorro «de 249,2 millones de euros». Punto en el que se preguntan: «¿Dónde se destinarán los 106,4 millones» que distan de los 142,8 marcados en el plan de reequilibrio?

Para los firmantes del manifiesto los números «hablan solos», dado que el mínimo mensual que cobra un diputado del Parlamento regional «es de unos 4.311 euros –sin incluir transporte–». Estas federaciones se quejan de«la sinrazón y el atropello» del Ejecutivo autonómico «hacia sus propios funcionarios» y de la «quiebra» que supone «al principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución». «Somos la única región que ha suspendido las pagas y la acción social», critica el SAF.