Tercer balón de oxígeno de Rajoy

La lealtad institucional no es un concepto etéreo ni debe ser una pose, sino la pauta de conducta que debe regir la actuación de los distintos gobiernos. La discrepancia es lícita y sana como lo debe ser también el reconocimiento a una actuación responsable por parte de un Ejecutivo, más allá de los legítimos intereses electorales. Hasta la fecha, la Junta de Andalucía no se ha comportado de esta manera con la Administración central, que en el caso del Fondo de Liquidez Autonómico ha antepuesto los intereses generales del país a las disputas partidistas.

El bipartito aceptó ayer las condiciones para la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en el presente año, ejercicio en el que la comunidad recibirá 3.383,42 millones de euros. Casi 2.000 millones de esta cantidad se destinará a pagar los vencimientos de deuda de la administración autonómica y algo más de 1.400 millones a otras necesidades como el pago a proveedores. En 2013, Andalucía recibió algo más de 3.200 millones y más de 2.800 en 2012. En total, la cifra, sólo a través del FLA, roza los 10.000 millones. Para contextualizar estos importes, sólo hay que reseñar que el Presupuesto anual de la Junta se sitúa en torno a los 30.000 millones de euros. El Gobierno ha aportado de manera extraordinaria el 10 por ciento de los ingresos del Ejecutivo que preside Susana Díaz.

Frente a esta colaboración, la Junta ha reaccionado de manera irresponsable. De las dudas iniciales sobre si acogerse al FLA o no, ha pasado a criticar las condiciones «leoninas» del préstamo. Hace unas semanas, la presidenta andaluza celebró la firma de una línea de crédito de 500 millones con el Santander y ahora critica una inyección de más de 3.000 millones por parte del Gobierno. No es casualidad. La Junta antepone la confrontación a la lealtad institucional.