Torres Hurtado y sus 9 ediles, procesados por el «caso Serrallo»

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada dio ayer por concluida la instrucción del «caso Serrallo» dando lugar al procesamiento del que fuera alcalde popular de Granada José Torres Hurtado y a nueve de sus ediles –seis aún ejercen en el Consistorio– además de otros altos cargos municipales.

Torres Hurtado entregó su acta como primer edil el pasado 16 de abril de 2016 tras 12 años en el cargo, y después de ser detenido por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística en la denominada «operación Nazarí».

El «caso Serrallo» investiga los posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, cohecho y tráfico de influencias en la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

La jueza procesa a un total de 17 personas. Las partes disponen de 20 días para solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa. Entre ellas se encuentran los ediles que apoyaron en una Junta de Gobierno el expediente que dio luz verde a la operación; además del ex director de Obras Municipales, Manuel Lorente, un interventor, la ex directora de Urbanismo, entre otros altos cargos; y el promotor Roberto García Arrabal.

El origen de este caso se encuentra en la adjudicación en 2006, por parte del Ayuntamiento a la propietaria del Centro Comercial, de una concesión administrativa para hacer un parque de atracciones infantil. La jueza sostiene que al amparo de esta concesión «han sido introducidos usos y aprovechamientos prohibidos en el PGOU para este tipo de suelos», catalogados como zona verde. Concretamente, se ha permitido construir una sala de fiestas con discoteca y un pabellón cubierto de pista de patinaje con cafetería.

La jueza mantiene que el entonces alcalde, que ha sido procesado por siete delitos, «tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas y participaba activamente en la toma de decisiones» a pesar de tener delegadas las funciones en materia urbanística. De este modo, la magistrada afirma que tenía «conocimiento absoluto» «de la operación especulativa llevada a cabo » y «existen indicios de su participación».

«Ni el alcalde ni el equipo de gobierno han realizado actuación alguna para reponer la legalidad urbanística conculcada sino que, por el contrario, para lograr la impunidad y legalizar a posteriori lo ilegalmente ejecutado» se elaboraron unas ordenanzas de edificación, aprobadas el 24 de mayo de 2013, indica la jueza. «A continuación, el Ayuntamiento inició una innovación-modificación puntual del Plan General para integrar estas ordenanzas, lo cual ha sido paralizado por la Junta. Es más, en agosto de 2014 se requirió al Ayuntamiento para que anulara las licencias y proyectos de urbanización ilegalmente concedidos, pero se rechazó a propuesta de la concejala de Urbanismo y del alcalde y con el voto favorable del Pleno.

También están procesados en la causa los miembros de la citada junta de gobierno local de 26 de julio de 2012 en la que se aprobó el cambio de usos, como presuntos autores todos ellos, de un delito de prevaricación urbanística.

Los concejales procesados que integran actualmente el grupo municipal del PP son Juan García Montero, María Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y María Francés. A ellos se suman los ya ex ediles Juan Antonio Mérida, Isabel Nieto y Vicente Aguilera.

Recurso al auto

La jueza hace constar que el presupuesto de las obras de demolición de los pabellones de la sala de fiestas y el bar kiosco es de 114.872 euros. En cuanto a la cantidad a la que pudiera ascender la indemnización a terceros de buena fe, precisa que en el Ayuntamiento se está tramitando procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial por 415.000 euros. Los concejales del PP procesados recurrirán el auto. El grupo municipal popular mostró su «más absoluto respeto» hacia la decisión del Juzgado, aunque dejó «claro» que está «en desacuerdo» con ese dictamen. Los investigados ya presentaron hace meses un recurso ante la Audiencia de Granada en el que mantenían que no había razones para tal investigación, puesto que lo que hicieron fue «votar favorablemente un expediente en una junta de gobierno que tenía los informes técnicos y jurídicos favorables».