Transparencia... y contratos negociados sin publicidad

La transparencia es un símbolo de los nuevos tiempos políticos, por lo que se ha producido un estallido de sitios webs institucionales dedicados a ella. El Parlamento andaluz cuenta desde el año pasado con uno de esos portales en el que se puede encontrar información de los contratos suscritos por la institución en 2015, actualizada hasta el 30 de abril. Según se desprende de esos datos, el número de relaciones contractuales suscritos por la Cámara se elevó hasta esa fecha hasta los 49, de los cuales prácticamente la mitad, 24, se establecieron bajo la fórmula quizá no más transparente posible. ¿Cuál? Negociada sin publicidad.

En el documento, al que se puede acceder en distintos formatos, se detalla el objeto de los mismos, que incluye desde el mantenimiento de las instalaciones para el control de realización en la sede parlamentaria, el sistema integrado para la gestión bibliotecaria, el gestor de bases de datos Oracle, las emisiones en directo por internet –«streaming»– de las sesiones o de los sistemas contra incendios; a servicios fotográficos, de telefonía, de formación en inglés para el personal y los miembros de la Cámara, de gestión y prevención contra la legionella, desratización, de tratamiento contra las termitas, recogida de residuos u otros relativos a seguridad. Abarca, incluso, el suministro de 120 «medallas del diputado» y sus correspondientes reproducciones en miniatura.

El número de licitadores no supera nunca los tres que exige el artículo 178 de la Ley de Contratos del Sector Público y en 12 casos es sólo de uno, el adjudicatario. Y ello pese a que, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó en septiembre de 2013 resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre un informe de la Cámara de Cuentas entre las que constaba instar al Consejo de Gobierno a solicitar «oferta», en «los procedimientos de contratación negociados sin publicidad», al «mayor número posible de empresas capacitadas para realizar la prestación, con el fin de facilitar una mayor y efectiva competitividad entre ofertantes». El mencionado órgano fiscalizador también ha reiterado esa recomendación en varios documentos, en aras del denominado principio de «buena Administración», además de advertir en informes relativos a la Cuenta General de la Junta de distintos ejercicios de que, en ocasiones, dos de las tres empresas declinaban la invitación a participar en el proceso y dejaban vía libre al elegido. Si bien, se da la circunstancia de que la propia Cámara de Cuentas cofinancia nueve de los contratos parlamentarios referidos, cuatro con un único aspirante. En relación a este tipo de contrataciones, el Tribunal de Cuentas ha criticado recientemente el exceso de acuerdos previos entre las administraciones y algunas empresas a la hora de contratar, una práctica que, si bien puede estar justificada por razones técnicas en determinados momentos, supone una traba para el acceso a las licitaciones. Así consta en el «Informe de fiscalización relativo a la contratación del sector público estatal» durante 2012, en el que se pone el acento en la falta de concreción sobre cuándo se aplica el procedimiento negociado sin publicidad.