Turno para el ex director general de la Faffe, el «instrumento» del SAE

La Faffe ha sido uno de los entes paralelos más señalados por el enchufismo y por unas funciones poco claras. La comisión de investigación creada en el Parlamento relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de Formación Profesional para el Empleo se reanuda hoy con la comparecencia, entre otros, del ex director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén Rueda. Será la última comparecencia de una jornada que arrancará a las 10:00 con el ex jefe del Servicio de Formación en Huelva José Ángel Gil Flores, y que continuará a las 12:00 con la comparecencia del gerente Ciomijas, José Gutiérrez. A las 16:00, está previsto que acuda el ex director de Organización y Sistemas de Faffe Joaquín Morales, quien precederá al ex director general de la fundación, citado a las 18:00 horas.

La jueza Alaya llegó a calificar al ente como «un instrumento de la Consejería de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias con personal empleado que contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares en la Administración». Estos empleados, cuando se disolvió la Faffe, pasaron a ser trabajadores públicos. La magistrada también señaló que la única fuente de financiación de la Faffe eran las subvenciones del SAE, que en en su mayoria tenían caracter nominativo o extraordinario y presentaban graves irregularidades en lo relativo a la justificación. La Faffe recibió ayudas en 2009 y 2010 por valor de 25,5 millones y 24,3 millones sin que presentara justificación. La UCO investigó si la Faffe pagó salarios a personas que no trabajaron en la fundación. La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero viene lanzando la cuestión desde que arrancó la comisión de «si los empleados de la Faffe tocaban o no tocaban expedientes». Podemos también se ha interesado en conocer las tareas de este colectivo.La insistencia en la pregunta radica en que los antiguos trabajadores de la Faffe –fundación de carácter mercantil que se fusionó en una nueva agencia del SAE en mayo de 2011– no podían ni pueden desarrollar lo que se denominan potestades administrativas, algo que el Estatuto Básico del empleado público reserva a los funcionarios de carrera. En el caso de que las desempeñen, la Junta puede enfrentarse a delitos penales. La jueza de Instrucción 6, María Núñez Bolaños, declaró de especial complejidad la pieza relativa a la Faffe, dentro de la macrocausa de los cursos de formación.

«Díaz tuvo que conocer parte de la trama»

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, defendió que las responsabilidades políticas en el presunto «fraude de las ayudas a la formación» llegan hasta «el despacho» de la presidenta de la Junta. «Ella lleva mucho tiempo, no es nueva en esto y todo apunta, por los entornos en los que se movía y la influencia política que ejercía, a que ha tenido que conocer parte de la trama», añadió. En una entrevista con Europa Press, Moreno dijo esperar que Susana Díaz, durante su comparecencia en la comisión de investigación, aporte toda la información.