UGT-A abonó cinco veces más a un auditor que no detectó irregularidades

Dedicó 240.000 euros de una subvención de formación a pagar una auditoría

Los ex secretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fernández
Los ex secretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fernández

Sevilla-El duro informe de la Cámara de Cuentas sobre las subvenciones para formación otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2010 sacude de forma especial a los dos sindicatos de clase, CC OO-A y UGT-A, y a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Los agentes sociales fueron, junto a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los principales perceptores de un montante global –acciones para ocupados, desempleados e innovación– que roza los 800 millones de euros en sólo dos años. Una de las presuntas irregularidades que llamó la atención de los auditores de la Cámara de Cuentas es que el sindicato UGT dedicó 240.000 euros de una subvención a gastos de auditoría de un curso de formación, cuando en otro curso de similar importe el desembolso es cinco veces menor: 50.000 euros.

El órgano fiscalizador andaluz dedica un capítulo íntegramente a las auditorías de los cursos, que están plagadas de anomalías. Una de ellas es el «coste dispar» entre «subvenciones concedidas, cursos y alumnos similares». «Así, por ejemplo en el expediente 98/2009/J/217 para un gasto ejecutado de 8.021.120,65, 3.630 alumnos y 245 cursos, presenta en la liquidación un gasto de auditoría de 240.654,69 euros; en el expediente 98/2009/J/321 para una ejecución de 7.928.063,88 euros, 4.252 alumnos y 286 cursos, el gasto por este concepto es de 50.000 euros». El primer expediente, el 98/2009/J/217 corresponde a la Unión General de Trabajadores, según consta en la muestra de expedientes auditados consultada por LA RAZÓN.

Pese al elevado coste de estos informes de auditorías, que son subvencionables siempre que no superen el 3 por ciento de la ayuda concedida, en el 17 por ciento de los casos analizados no consta en el expediente, «ni se adjunta al informe del auditor, una memoria de reparto de los costes indirectos asociados que indiquen el criterio de distribución empleado entre los distintos cursos y que permita evaluar la adecuación de su imputación». Y lo que es más llamativo es que estos informes no levantaron ninguna alarma pese a las graves irregularidades que ahora detecta la Cámara de Cuentas. «En la mayoría de los informes de auditor no se señalan incumplimientos de la normativa o de las condiciones impuestas al beneficiario». «Solamente en dos de los casos analizados se recogen incidencias poco significativas que no afectan a la cuantía de la subvención».

El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) incurre asimismo en irregularidades. La Cámara de Cuentas anota que el ente dependiente de UGT y objeto de numerosas y polémicas subcontrataciones de cursos de formación por parte del sindicato, ni siquiera presentó la memoria de actuaciones de una subvención 901.815 euros.

A la Confederación de Empresarios de Andalucía también le salpica de lleno el caso. La Cámara de Cuentas señala, entre otras irregularidades, que la CEA subcontrató una subvención de 15,8 millones de euros (expediente 98/2009/J/005) para cursos de formación a una entidad vinculada sin que mediara ningún tipo de autorización previa. La subcontratación parcial o total de cursos de formación es legal, aunque la propia Cámara de Cuentas recoge que la regulación es «confusa y de difícil interpretación». UGT-A, de hecho, ha recurrido sistemáticamente a la subcontratación de cursos, especialmente de los planes sectoriales e intersectoriales de formación, a cambio de cobrar comisiones elevadas que están en el punto de mira del juzgado de Instrucción encargado de las facturas irregulares del sindicato y de la Guardia Civil.

Es significativo, por otra parte, que el Gobierno andaluz no haya pedido los intereses de demora a CC OO al abrir un expediente de reintegro del anticipo de una subvención de 7,9 millones de euros. «De este hecho podría derivarse responsabilidad contable», señala el informe.