Un «agujero» de 138 millones en la Junta

La Cámara de Cuentas de Andalucía constata en un informe conocido ayer un «agujero» de más de 138 millones de euros correspondientes a incentivos para autónomos. El catálogo de irregularidades, de las que se podría deducir «responsabilidad contable» de la Junta de Andalucía es muy extenso. El máximo órgano de control externo de la Administración detalla en un documento de 246 páginas vulneración de la Ley de Subvenciones, la existencia de resoluciones de exoneración de fondos sin motivación alguna –Faffe fue beneficiaria, por lo que el Gobierno andaluz se libró a sí mismo de la justificación de fondos–, falta de mecanismos de control y de evaluación del impacto de las medidas o subcontrataciones en las que se violenta la normativa. Además de fondos regionales, hay coparticipación económica del Gobierno y del Fondo Social Europeo.

No es el primer informe de la Cámara de Cuentas que apunta en la misma dirección. Otro conocido a principios de este año sobre las subvenciones para formación profesional para el empleo acabó en la Fiscalía y abrió de par en par la macrocausa de los cursos, parte de la cual instruye la juez Alaya, que ya constató la existencia de 950 millones de euros sin justificación.

El informe de fiscalización de las Políticas Activas de Autoempleo (Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía) abarca desde 2007 hasta septiembre de 2013, mes en el que juró el cargo la actual presidenta andaluza. Durante este periodo de tiempo la Junta, concretamente las consejerías de Empleo y de Innovación que son las que han tenido las competencias, concedió subvenciones ascendentes a 356,7 millones de euros. Materializó 330,9 millones. El «agujero» de más de 138 millones, el 42 por ciento del total, resulta de la suma de 33,1 millones de euros reintegrados a la Administración por presentar irregularidades y 115,1 millones de libramientos que están pendientes de justificar y fuera de plazo.

El 92,54 por ciento de los 115 millones pendientes de justificar se concentran en los ejercicios 2009 y 2010, casualmente los mismos años en los que se produjo el desmán de las ayudas de formación que detectó la Cámara de Cuentas. Hasta marzo de 2010 el consejero de Empleo era Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE y en la causa de la formación. Y el ente al que encomendó gestionar los incentivos fue la Agencia IDEA, el mismo que se encargó de pagar las ayudas del «fondo de reptiles» de los ERE.

Uno de los avisos más inquietantes de la Cámara de Cuentas es relativo a la posible pérdida de fondos. «De lo dilatado en el tiempo de las actuaciones, deriva un riesgo de prescripción del derecho de la Administración autonómica a reconocer o liquidar el reintegro de las subvenciones. Dicho derecho prescribe por el transcurso del plazo de 4 años».