Un empleado de Rumasa admite que Lanzas era un concepto contable

La juez Alaya cita a declarar a Gonzalo Fuentes Guerrero
La juez Alaya cita a declarar a Gonzalo Fuentes Guerrero

Reconoce haber dejado sobres de los Ruiz-Mateos al «conseguidor»

El desfile de imputados ante la juez que instruye el «caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares», Mercedes Alaya, incluyó ayer a dos supuestos directivos del Grupo Nueva Rumasa, Alfonso Espinosa y Javier Bertola. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla considera que ambos «conocerían el presunto tráfico de influencias» ejercido ante la Junta a favor del conglomerado empresarial por el «conseguidor» y ex ugetista, Juan Lanzas.

En ese sentido, fuentes del caso aseguraron ayer a LA RAZÓN que en concreto Espinosa, imputado por los delitos de malversación y tráfico de influencias, llegó a aseverar ante la magistrada que para él, Lanzas constituía un «concepto contable» más y que en la contabilidad informatizada aparecía por defecto una entrada identificada bajo el rótulo «comisión Juan Lanzas».

Este imputado admitió haber realizado pagos a través de transferencias al entramado empresarial del «conseguidor» de los ERE, pero siempre cumpliendo órdenes de Javier Ruiz-Mateos, responsable del área financiera del grupo que fundó su progenitor José María Ruiz-Mateos. El catalogado por Alaya como directivo de la compañía aclaró a la instructora que no era miembro de ese colectivo, sino un administrativo que trabajaba en las oficinas que Ruiz-Mateos padre posee en su finca de Somosaguas, en Madrid. Las mismas fuentes señalan además que el interrogado negó en sede judicial «conocer en persona» a Lanzas, a quien no habría visto ni en la mencionada propiedad madrileña ni en ninguna otra parte.

Espinosa mantuvo que no le consta que el ex sindicalista exigiera 600.000 euros por cada ERE empresarial. Cifra que se reflejó en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 2012. La aportó el que fuera abogado del patriarca del clan durante 28 años, Joaquín Yvancos, quien relató como testigo a los agentes que Lanzas «tenía una tarifa de 100 millones de pesetas –600.000 euros– por cada ERE, independientemente del tamaño». A ello se sumaba, según consta en el documento policial, que pedía recibir sus emolumentos en «dinero B». Espinosa no aportó muchos datos en relación a esa cuestión, pero sí reconoció que en alguna ocasión había dejado al ex sindicalista algún sobre con dinero en la garita de acceso a la finca.

Tras su interrogatorio le tocó el turno al abogado y director de Administración del Grupo Nueva Rumasa, Manuel Sánchez Marín. Para Alaya, fue su despacho el que habría tramitado «todas» las ayudas «ante la Junta» ligadas al grupo del empresario jerezano.

Cabe recordar que antes del ocaso de su panel societario, el Gobierno andaluz subvencionó cinco ERE de empresas de Ruiz-Mateos –el del hotel Cervantes, dos en Garvey, Zoilo Ruiz Mateos y Dhul de Granada–, tras comprometerse éste con Lanzas, supuestamente, a pagarle comisiones ilegales por tres millones. Si bien, sólo habría llegado a cobrar 1,5, según expuso Yvancos. Este letrado sostuvo también que en el ERE del hotel Cervantes, Lanzas cobró su mediación en sobres semanales con cantidades que oscilaban entre los 20.000 y los 25.000 euros. Incluso detalló que recibía en esos envoltorios billetes de 500 euros en la vivienda de Somosaguas. En relación a ese establecimiento hotelero, la instructora del «caso de los ERE» anunció durante la jornada de ayer la citación a declarar como imputados para el viernes día 31 de enero de Javier y Pablo Ruiz-Mateos.