Un ex alto cargo del SAE, primer imputado por la «ley del enchufismo»

El ex director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Pedro Eugenio Gracia Vitoria acudirá a declarar en mayo ante un juez en calidad de imputado. Así lo ha acordado en un auto el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que abrió diligencias tras una querella del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). El SAE emitió una resolución en la que se pretendía sortear la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en contra de la reordenación del sector público.

La sucesión de acontecimientos ayuda a entender los hechos. Una sentencia del TSJA de principios de noviembre de 2011 acordó la suspensión cautelar de la integración del personal de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en el SAE. El pronunciamiento judicial tuvo una gran repercusión. Ponía en un brete a la dirección del Servicio Andaluz de Empleo, ya que los 1.600 trabajadores provenientes de Faffe, que entraron en la agencia sin pasar ningún proceso selectivo equiparable al de los funcionarios de carrera, no podían desempeñar ninguna tarea que supusiera el desempeño de potestades públicas.

Tratándose de un área sensible, con la tramitación de ayudas y subvenciones como uno de los cometidos principales, la Dirección-Gerencia decidió blindarse de un posible delito de prevaricación. Pedro Eugenio Gracia Vitoria firmó en febrero de 2012 una resolución en la que dictaba una serie de pautas para tratar de vadear la sentencia del TSJA. El personal externo de Faffe pasó a denominarse personal «subrogado». El SAE pidió además a los responsables de la agencia que evitaran «cualquier situación de confusión de plantilla entre difersos colectivos», aunque funcionarios del SAE y personal de Faffe compartían –y siguen compartiendo– edificio y tareas. La instrucción, de la que dio cuenta este periódico, pedía también a los externos «deber de reserva, discreción y buena fe contractual».

La resolución iba dirigida a clarificar, al menos oficialmente, el cumplimiento de potestades públicas, reservadas por ley a los funcionarios. Directrices que en la práctica no se han llevado nunca a cabo, según conoce este periódico de fuentes solventes. Además, es oportuno recordar que la reserva de potestades administrativas es muy amplia. Los tribunales han recogido que las tareas de reserva funcionarial incluyen incluso el «archivo y clasificación de documentos administrativos». Así lo plasman también los servicios jurídicos de la Consejería de Hacienda en un informe de 22 de febrero de 2011.

Ante esta situación, el Sindicato Andaluz de Funcionarios interpuso dos denuncias, ambas por la vía penal. Contra el director-gerente del Servicio Andaluz de Empleo y, ante el juzgado de Instrucción 4 de Granada, contra la delegada provincial de Empleo, Marina Martín Jiménez.

El titular del juzgado de Instrucción 4 de Sevilla imputa al ex director gerente del SAE al poder ser los hechos denunciados «constitutivos de delito de prevaricación» e incoa diligencias previas, dando parte al Ministerio Fiscal para que lleve a cabo las «actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias». Se trata de la primera imputación derivada de la aprobación de la ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público, que produjo antes de su ratificación en el Parlamento una fuerte contestación en la calle de los funcionarios; y después una guerra judicial que llega ya al Tribunal Supremo. El Alto Tribunal emitió a finales de enero una sentencia en la que sí avala la integración de personal en una de las agencias, aunque ya tiene otros cuatro recursos en carga que pueden resolverse de forma diferente.

El presidente del Sindicato de Funcionarios, José Manuel Mateo, aseguró ayer a través de una nota que «la Junta, lo que pretende con este tipo de estratagemas es mantener al personal enchufado, ahora lo llama 'subrogado', y alejar el dinero de los ciudadanos andaluces de cualquier tipo de control exhaustivo». «Este personal 'subrogado' a día de hoy se encuentra en un auténtico limbo jurídico tras las paralizaciones y sentencias dictadas por los juzgados contra su integración en las agencias», adujo Mateo.

La Ley de Reordenación del Sector Público y la consiguiente integración de los trabajadores de «Faffe» –«los Faffe», como los llaman los funcionarios– convirtió al SAE en un polvorín. Entre «los Faffe» hay una nutrida plantilla con conexiones directas o indirectas con el Partido Socialista. Uno de los muchos ejemplos es el ex parlamentario del PSOE e imputado en la trama de los ERE fraudulentos Ramón Díaz Alcaraz y su hijo. La gestión del SAE está en el punto de mira. Un informe de la Cámara de Cuentas relativo al ejercicio 2009 detectó irregularidades en todas las líneas de fomento del empleo, que ascendieron a 420 millones de euros.

El relevo, tras una dimisión azuzada por los ERE

Pedro Eugenio Gracia Vitoria sustituyó al frente del SAE a Alejandra Rueda en mayo de 2011. Rueda esgrimió razones personales, pero luego se descubrió que fue uno de los cargos que participó en la reunión secreta de noviembre de 2010 en la Consejería de Empleo para revisar expedientes de los ERE. El actual director gerente es el malagueño Antonio González.