Un ex alto cargo quiere anular su confesión ante la Guardia Civil

Buenaventura Aguilera, sustituto de Antonio Lozano al frente de la Dirección General de Presupuestos, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya. Su letrado –el mismo que el de su predecesor en el cargo– reclamó de nuevo a la magistrada –ya lo hizo con el ex «número dos» de Susana Díaz– un receso de media hora para analizar «en profundidad» el escrito de imputación, petición denegada por Alaya y en la que justificó su decisión de no prestar declaración. Con todo, lo más trascendente fue la solicitud del abogado de anular la declaración que su cliente realizó el 29 de agosto de 2012 ante los agentes de la Guardia Civil en calidad de testigo. En ella, el ex alto cargo admitió las irregularidades que sustentan los cargos de prevaricación y malversación que ayer le imputó la juez.

Ante los agentes de la UCO, Aguilera –director general de Presupuestos entre abril de 2009 y junio de 2012– admitió que «desde 2002 a 2009 se usó la Transferencia de Financiación de forma inadecuada» y justificó que nada más ocupar la Dirección General de Presupuesto impulsara la instrucción 1/2009. En ella se señala que la práctica llevada hasta la fecha «está dificultando, no ya sólo, la rendición de cuentas o la coherencia de la información que se aporta al Sistema Europeo de Cuentas, sino que impide también visualizar las políticas realizadas por las distintas consejerías, al tiempo que ofrece una imagen distorsionada de la financiación de las empresas públicas, ello sin obviar los diversos problemas que se plantean en el ámbito del control de este tipo de actuaciones».

En el escrito de imputación, Alaya explicó que el sustituto de Lozano cambió la forma de presupuestación «a los 45 días de su toma de posesión». Lo hizo «porque se conocían las consecuencias a lo largo de la década de falta de control y de distorsión de financiación que generaba el uso inadecuado de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones».

Sin embargo, esa actitud duró poco. La instructora señala que «fue un cambio meramente aparente» porque luego no se trasladó dicha obligación a la Consejería de Empleo, que «decidió continuar con el mismo sistema de no tramitar subvenciones y de no fiscalizar las mismas».

No fue hasta el Presupuesto de 2012, cuando el escándalo de los ERE ya había trascendido, «cuando se produjo el cambio real». Además, Aguilera impulsó dos modificaciones presupuestarias «de espaldas al Presupuesto». Una opción para seguir utilizando las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones.

Alaya le imputa los delitos de prevaricación y malversación. Ni la Fiscalía ni la Junta pidieron medidas cautelares para el inculpado. Sólo lo hicieron las acusaciones de Manos Limpias –20 millones– y el PP –lo dejó en manos de la instructora–.