Un investigado de los ERE busca los originales perdidos de unas pólizas perdidas

Un investigado en la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares quiere tirar del hilo hasta llegar al ovillo de una desaparición. Se trata del ex director comercial de Dhul, Rafael Carvia, a quien Mercedes Alaya impuso en abril de 2014 una fianza de 706.277,28 euros por el ERE millonario de esa empresa.

Un investigado en la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares quiere tirar del hilo hasta llegar al ovillo de una desaparición. Se trata del ex director comercial de Dhul, Rafael Carvia, a quien Mercedes Alaya, la jueza que embridó el caso, impuso en abril de 2014 una fianza de 706.277,28 euros por el ERE millonario de esa empresa. En un escrito que ha remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ahora dirige María Núñez Bolaños, se recuerda que en un auto del pasado abril se ordenó librar oficio a la Guardia Civil para que localizara y aportara a las actuaciones los originales de unas pólizas.La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armando confirmó en agosto por escrito, que esas pólizas fueron «intervenidas por el Cuerpo Nacional de Policía» en varios registros que se llevaron a cabo en enero de 2011 en la sede barcelonesa de la aseguradora Vitalia,antes de que la Guardia Civil se hiciera cargo de la investigación en junio de 2011. Y apuntó que se encuentran en el «archivador 40», acomodado, a su vez, en una caja etiquetada que se halla en dependencias del órgano judicial. Sin embargo, personado el procurador de Carvia esta semana en el juzgado comprobó que lo existente en esa caja es «un testimonio de esas pólizas pero no los originales». ¿Por qué es importante esta cuestión? El ex directivo de Dhul niega «tajantemente», según consta en el escrito fechado este 16 de noviembre al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que la firma que aparece en esa documentación como la suya, lo sea, y defiende que «la constatación de esa falsificación demostraría a las claras» que no tiene nada que ver con los «intrusos» que se detectaron en el expedientes de ese ERE, esto es, personas incluidas como beneficiarias sin haber trabajado en la empresa. Es más, acreditaría, según la representación procesal de Carvia, que el o los «verdaderos responsables» no querían que éste «tuviese conocimiento de la existencia de dichos ‘intrusos’, sabedores de que no permitiría el fraude», se sostiene en el texto.

Más allá de lo que se asevere o no, la defensa del encausado solicitó una prueba caligráfica en 2014 para demostrar la falsedad de la polémica rúbrica, pero la perito a la que se le asignó judicialmente el asunto manifestó que al trabajar con fotocopias no podría llegar a una «aproximación certera» para «emitir una conclusión definitiva». De ahí la insistencia en localizar los originales perdidos, por parte del ex directivo de Dhul. Su representación legal pretende volver a pedir una pericial de designación judicial, de hecho, que evidencie que las firmas que aparecen en esos documentos como de Carvia, no son suyas, por lo que piden al juzgado que requiera de nuevo a la UCO que localice y aporte a la causa los originales de «los certificados individuales» de los investigados Fernanda García, Ángeles Sierra y Carmelo Cruz, de la póliza suscrita por Dhul y por la compañía de seguros Personal Life y que no están en el «archivador 40», pese a lo aseverado por la Guardia Civil. Los dos últimos, Sierra y Cruz, son la cuñada del también encausado Juan Lanzas y su marido, respectivamente, ambos «intrusos» en un ERE por el que la Junta acabó pagando más de lo acordado de inicio.