Un sistema «ágil y legal» para «los conflictos laborales»

José Antonio Viera defendió que el sistema era «absolutamente legal» y la Intervención General «jamás» se dirigió a él por «una situación de ilegalidad» con las ayudas sociolaborales. Viera describió el sistema como la forma «rápida y legal» de solucionar una situación laboral dramática.

Viera presentó la partida 31L y las funciones del IFA como una forma de «amortiguar esos problemas familiares y sociales». «No había una situación crítica, había unas cuantas», relató. «Procuramos que no hubiera colisión con la legalidad vigente, buscamos instrumentos legales, hay una consulta a la dirección general europea. Tenían que ser ayuda a los trabajadores. Imagino que en algún expediente el interventor puso algún reparo», añadiendo que acabaron «levantándose». Las modificaciones presupuestarias las explica «para poder seguir caminando». Señaló que solicitó a Antonio Fernández «una solución rápida, ágil». «Firmo ese convenio (marco) con la apariencia absoluta de legalidad. Para que llegase a mi despacho tenía que seguir un circuito de técnicos», dijo. Viera admitió instrucciones para una ayuda al Matadero Sierra Norte «para ver si dentro de los instrumentos legales podemos abordar ese apoyo». «No se me pasa por la cabeza que un dirigente del Gobierno trate de vulnerar la legalidad y el papel de la Intervención», alegó. El ex viceconsejero Agustín Barberá señaló que las ayudas sociolaborales «las conocía todo el Parlamento» y «era muy frecuente que los diputados solicitaran ayudas para sus provincias». También indicó que la Junta sabía que las ayudas se pagaban con las pólizas y que no conoce «otra forma de hacerlo». Barberá admitió que podían salir ayudas sin fiscalización previa y reconoció su papel en las ayudas al Ayuntamiento de Chiclana. Señaló como «discutible que un interventor plantee la idoneidad de una ley» y que «nunca conoció» el informe adicional definitivo.