Una docena de archivos más pesa sobre el «caso ERE»

La decisión de la Audiencia de Sevilla de anular las imputaciones a dos empresarios por haberse materializado más de una década después de que recibieran las ayudas de la Junta investigadas en el «caso ERE», en concreto en el reparto de fondos con el que se regó a la Sierra Norte de la provincia, tendrá inminentes repercusiones en el «macroproceso». La titular del juzgado que lo instruye, María Núñez Bolaños, prepara un auto con el que dará carpetazo a lo actuado, vía sobreseimiento, contra «en torno a una docena» de investigados por la misma razón, según apuntaron ayer fuentes judiciales a este periódico. Lo solicitó la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 a quien entonces llevaba las riendas del órgano judicial, la jueza Mercedes Alaya, que dejó por resolver dicha petición cuando se trasladó a su actual puesto de trabajo en la Sección Séptima de la Audiencia.

Entre los señalados, acusados de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y que habrían recibido subvenciones inferiores a los 450.000 euros, podría haber un fallecido, según apuntan otras fuentes consultadas.

Pese a los archivos, la instructora dejará una puerta abierta para poder recuperar dinero público, «compeliendo» a los afectados a «cumplir una obligación civil como lo es la de resarcir», de un daño, apuntan las mismas fuentes. ¿A qué se refieren? A recurrir al artículo 122 del Código Penal para reclamar la responsabilidad civil de las empresas beneficiarias. Dicho punto normativo establece que «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación».

Tanto el auto de la Audiencia como el que prepara Núñez Bolaños «vendrían a dar la razón a las partes, el Ministerio Público, el Gobierno andaluz y algunas defensas, que durante meses han alertado de que el reloj de las prescripciones corría en el ámbito de un proceso que supera ya los cinco años de investigación», apuntan fuentes del mismo que «no descartan» que haya nuevos archivos. Confirman que «resoluciones de Alaya» se encuentran ahora en el punto de mira debido a esos plazos, fundamentales a la hora de la devolución de los fondos.

Chaves y Griñán, mañana

El juez Álvaro Martín mantiene para mañana las declaraciones como investigados de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y del ex consejero José Antonio Viera dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas en el «caso ERE», pese a que los abogados del PP pidieron que se aplazaran al estar citados como testigos en juicio ese día.