Una empresa «impuesta» por Empleo facturó a la Faffe «por encima del precio de mercado»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) fue utilizada por la Consejería de Empleo, entre otras cuestiones, «para la distribución de contratos destinados a cubrir sus propias necesidades», según se desprende de un voluminoso atestado, al que accedió LA RAZÓN, que obra en poder del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que articula una causa en torno a esa extinta entidad de la Junta. En el transcurso de sus indagaciones, los investigadores tomaron declaración a personal de la ex fundación y sus relatos soportaron esa afirmación y alumbraron otra: que Empleo «impuso» a algunas de las mercantiles con las que trabajar.

Interrogaron a quien ocupó un puesto en la dirección de servicios generales, compras y sistemas de Faffe y le preguntaron si había observado en alguna ocasión o había tenido conocimiento de «la facturación por servicios o bienes de algún proveedor por encima del precio de mercado» y dejó claro que «la más significativa a este respecto» que recordaba «fue la emitida por Porvenir», cuyos servicios, según declaró la testigo, «fueron impuestos desde la consejería». Se trata de la empresa sevillana Porvenir 10 Comunicación Visual y Multimedia Sl, cuyos administradores solidarios son Javier Bartolomé R. P. y Manuel R. P., de acuerdo a información del registro mercantil consultada por este periódico.

La ex trabajadora de la fundación relató a la Guardia Civil que sus superiores le explicaron que ese ente «se iba a encargar de financiar los gastos de la celebración» del XXV Aniversario del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) que se celebró en la capital hispalense en junio de 2008 y que «la sociedad Porvenir 10 iba a llevar todo lo relativo a las comunicaciones», por lo que ella «debía mantener una reunión con éstos». Marcado el camino, se encontró con una empleada de aquella sociedad «llamada Cristina», quien le expuso «el plan general» de comunicación previsto y con la que estableció, entre otros aspectos, «los hitos de facturación».

Los agentes de la UCO quisieron saber también si sabía de «la vinculación, por razón de parentesco o afinidad política o ideológica», de Porvenir 10 «con algún cargo público de la Administración andaluza o algún responsable» de la propia Faffe, y la ex trabajadora de ésta contestó que no «en un principio», si bien luego «tuvo conocimiento» a través de dos de «sus compañeras» de la ligazón «del administrador de esta sociedad con la presidenta del CARL en aquel momento –aludía a Mercedes R. P., tía de los empresarios, según indicaron a este diario fuentes de la Administración–». Interrogada de nuevo por si le resultó «excesivo» el importe de los servicios cargado por Porvenir, manifestó que «sí», con lo que una empresa «impuesta» por Empleo habría presuntamente inflado su facturación.

Sobre la fuente de financiación del evento del Consejo de Relaciones Laborales, apuntó que «obviamente serían las subvenciones públicas otorgadas a la Faffe», aunque no pudo aportar más información al respecto. No obstante, otra de los testigos que desfilaron ante los efectivos del Instituto Armado afinó: el acto «se financió a través de una encomienda de gestión» a la ex fundación pública, hoy integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Esta empleada desempeñó su labor en varias direcciones de la Faffe y fue apartada del ámbito económico-presupuestario, «sin darle mayores explicaciones», debido, de acuerdo a su interpretación, a que «cada vez que veía algún tipo de anomalía en la justificación» lo hacía notar «tanto verbalmente como por escrito». Y dio algún dato más. Admitió ante la UCO que «tuvo que cuadrar el presupuesto» del alambicado festejo del XXV aniversario del CARL.

Al margen de Porvenir, la Guardia Civil se interesó por si, desde su punto de vista profesional y su percepción personal como integrante del área económica de la antigua fundación, la gestión de ésta había sido «eficiente» y ajustada a la «legalidad» en lo relativo al tema presupuestario y económico. «No del todo», reconoció, tras ser interpelada. Desveló que se habían producido «gastos contabilizados en un expediente y justificado en otro distinto», pese a que «únicamente se puede contabilizar como ingreso lo gastado».

Los pagos externos, una “práctica generalizada”

En el atestado que los investigadores de la Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitieron al juzgado sevillano se recoge que la externalización del abono de servicios por parte de la Consejería de Empleo-SAE, «fue una práctica generalizada» durante dos años. Se trata en concreto de los ejercicios de 2004 y 2005 y sucedía, «sobre todo», en lo relacionado con «el tema informático».