Una sola fundación de la Junta acumula 118 ayudas por 161,7 millones desde 2009

El consejero de Salud admite la asignación a Progreso y Salud de 117 subvenciones hasta 2015, a las que se suman los 16,48 millones que el Consejo de Gobierno aprobó en abril de este año para la mencionada entidad sanitaria

Un total de 117, por un importe superior a los 145 millones de euros. Éstas son las subvenciones que la Junta concedió entre 2009 y la primera mitad de 2015 a uno de los entes de su órbita: la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Se trata de una organización con personalidad jurídica propia dependiente de la consejería del ramo que capitanea Aquilino Alonso Miranda, que presta servicio al sistema sanitario público regional y que saltó a la arena mediática tras ser la destinataria de diversos toques de atención por parte de la Cámara de Cuentas, entre los que destacó uno por el abono al ex ministro Bernat Soria de 170.438,51 euros brutos como director de un departamento del Centro Andaluz de Medicina Biomolecular y Medicina Regenerativa (Cabimer).

En julio de 2015 la parlamentaria andaluza del PP-A Teresa Ruiz-Sillero planteó por primera vez una batería de preguntas en torno a la mencionada fundación, cuyo patronato está compuesto en exclusiva por cargos públicos y representantes de instituciones del Ejecutivo autonómico, que incluía la cantidad y la cuantía de los fondos que ésta había recibido hasta entonces por parte de la Junta. Ahora Alonso le responde que la cifra ascendió en ese periodo con exactitud a los 145.220.858,24 euros, según consta en el número 284 del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).

A la luz del cuadro anexado a la contestación del consejero, en 2009 Progreso y Salud percibió 28 incentivos para, entre otras cuestiones, proyectos de investigación, mejora de infraestructuras o la promoción de la salud; en 2010 las ayudas, algunas excepcionales, fueron de nuevo 28; en 2011, 22; 16 se registraron en 2012; otras 16 en 2013; y seis más en 2014, de las que una fue nominativa –se le dio en septiembre de aquel año por 16.825.956 euros– y otras tres excepcionales –por 867.965 en conjunto–. En relación a 2015, sólo consta que se fijaron para ella los 16,38 millones que el Consejo de Gobierno autorizó en su última reunión antes de las elecciones autonómicas del 22 de marzo, al amparo de lo recogido en la Ley de Presupuestos de la comunidad para aquel ejercicio. El 25% de la misma se puede justificar hasta el próximo 31 de octubre. De lo apuntado por Alonso se desprende que lo destinado en las cuentas regionales para esta fundación es variable. De hecho, en 2009 fueron 13,72 millones, que se incrementaron hasta los 20,96 en 2010, desde donde se rebajaron a los 17,55 en 2011. En 2012 se le reservaron 15,83, que fueron 18,69 en 2013. A estos datos habría que sumar que el actual Consejo de Gobierno dio el pasado 19 de abril el visto bueno a la asignación de 16,48 millones a Progreso y Salud para sus proyectos y funcionamiento con lo que la hilera de aportaciones se alzaría hasta al menos las 118 y los 161,7 millones. Ruiz-Sillero se interesó además por cuestiones como la justificación del uso de los fondos públicos por parte de la fundación sanitaria, por si se había incoado algún expediente de reintegro para recuperar dinero o por si existía resolución de exceptuación a favor del ente. A tenor de la información proporcionada por Alonso, se habrían abierto una decena de expedientes de reembolso entre 2009 y el primer semestre de 2015, motivados por intereses de demora o por no utilizar los fondos. El global de éstos es de 30.273,90 euros. De ellos, uno se inició en 2009, cuatro en 2012, otros cuatro en 2013 y uno en 2014, por la Consejería de Economía y Conocimiento –el resto todos fueron abiertos por Salud–.

Por lo que respecta a las exceptuaciones, el consejero reconoce una gracias a una Orden de 21 de diciembre de 2012, de la Consejería de Salud y Bienestar Social ligada a dos ayudas de 2011 para la promoción de la salud: una de 200.000 euros, que ya estaría justificada, y otra de 249,484, a parte de la cual la fundación renunció en 2014, según el Ejecutivo autonómico.