Unicef pide más inversión presupuestaria para «revertir» la pobreza infantil

La coordinadora regional aboga por que se apoyen los ingresos de las familias con «prestaciones eficientes» como «incentivos fiscales»

Hay datos que a fuerza de repetirse se convierten en consistentes certezas. Ha sucedido en relación a dos palabras: infancia y pobreza. Según información extraíble de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2016, el 46,9% de los menores de 18 años de Andalucía se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Ese porcentaje supuso, con todo, un descenso del 1,2% con respecto a 2015 similar al que se experimentó a nivel nacional, aunque la mejora fue leve en comparación con la que se produjo aquel año con respecto a 2014. Traducido a la vida real, cerca de 25.000 menores salieron el pasado ejercicio de la zona de sombras pero ésta aún envolvía a 760.000 niños. Con la escalada de ese puesto, la comunidad se colocó en el antepenúltimo lugar del «ranking» estatal, superada sólo por Canarias –con un 49.4%– y Ceuta –con un 63%–.

Al desglosarse más la tasa europea Arope –medidor estadístico de la pobreza–, ésta revela que un 44,3% de la población andaluza menor de 18 años se ubicaba por debajo de lo que se considera el umbral de pobreza. En 2016 éste se situó en 17.238 euros para el conjunto del Estado, mientras que en la región se colocó en los 13.178. «Somos la comunidad autónoma con el umbral de pobreza más bajo de toda España, lo que significa que ‘los pobres’ lo son aún más», explican desde Unicef, para añadir que «mientras que en otros territorios, hogares con renta disponible por encima de ese umbral» entran en la categoría de «pobres», en Andalucía «no lo serían», al ser aquél «más bajo que el resto».

Otro de los índices vinculado a la mencionada tasa Arope es la carencia material severa, los hogares que no pueden hacer frente a determinadas situaciones como el pago de la vivienda, el mantenimiento de una temperatura adecuada en ella, o toda una gama de gastos imprevistos que pueden surgir. En relación a ese punto, el porcentaje de niños miembros de núcleos con carencia material severa en Andalucía disminuyó en 2016 un 0,8 al pasar de 9,8 a 9. Pero en el ámbito del Estado cayó de manera más notable desde el 9,1 hasta a un 7,1 –un 2%–.

Se miden también los hogares en los que los adultos han trabajado menos del 20% de su potencial en el último año. En 2016, el porcentaje de esa baja intensidad ligado a la región fue del 17,6%, de nuevo, lejos de la media nacional que fue del 11,6%.

Si se pone la lupa en la brecha de desigualdad, la existente entre lo que ganan los más ricos y los más pobres, el pasado ejercicio, la población infantil más rica de la comunidad tenía 7,9 veces más que la más pobre. Y a más brecha, mayor desigualdad.

Son datos que no se disuelven y que para la coordinadora de Unicef Comité Andalucía, Maribel Martínez, parecen pedir, sino a gritos con bastante claridad, «una mayor inversión» de un programa incluido en los Presupuestos diseñados por la Junta para 2018 si se quiere «revertir significativamente la situación». Se refiere al rotulado como 32E Inclusión social en el que se soportarían económicamente las principales acciones relacionadas con pobreza, según la memoria de las cuentas para el próximo ejercicio.

«Este programa, que incluye la Renta Mínima de Inserción Social y la Estrategia de Intervención en Zonas Desfavorecidas, pasa de unos 152 millones en 2015 a unos 240 para 2018», anota Martínez a LA RAZÓN, para añadir que su organización «saluda positivamente, en principio», que el proyecto de ley de presupuestos contemple «la nueva renta mínima». A su juicio, para mejorar los datos estadísticos desgranados deberían «apoyarse los ingresos de las familias mediante prestaciones adecuadas, coherentes y eficientes», como «incentivos fiscales», ayudas «por hijos a cargo», «subsidios de vivienda» o «sistemas de ingresos mínimos».

Preguntada por si cree que el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020 puesto en marcha por el Gobierno autonómico ha servido para modificar en positivo el estado de ese sector de la población en dificultades un año después de su aprobación, señala que su organización espera «el informe del comité de seguimiento» del mismo –un órgano que todavía ni siquiera se ha constituido–, para «conocer datos reales en base a los indicadores que se establecieron». En cualquier caso, Martínez defiende que en ese plan «se echa en falta mayor profundidad en la estrategia de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social». Quizá, añade, «porque la administración entiende que eso recae sobre la iniciativa ‘Alianza andaluza contra la pobreza infantil’» –suscrita entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y 31 entidades de la sociedad civil– y ésta «se encuentra actualmente en punto muerto». «La mayoría de las iniciativas dirigidas a la población infantil más vulnerable ya se estaban realizando con anterioridad al nacimiento de la alianza», concluye.