Uniter tratará de desmarcarse ante la juez del negocio de la otra mediadora

La juez que instruye el caso de los ERE acabará esta semana la primera ronda de declaraciones tras la «Operación Heracles», en la que se produjeron 22 detenciones y 9 citaciones judiciales a personas ya imputadas.

La juez que instruye el caso de los ERE acabará esta semana la primera ronda de declaraciones tras la «Operación Heracles», en la que se produjeron 22 detenciones y 9 citaciones judiciales a personas ya imputadas. Faltan por pasar por el juzgado el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal, que fue detenido por la Guardia Civil, y José González Mata, administrador de la mediadora Uniter, imputado en la causa por recibir sobrecomisiones y por permitir, según la juez Alaya, la inclusión de intrusos en el ERE de Calderinox.

La Guardia Civil ha podido comprobar que las dos principales empresas mediadoras (Vitalia y Uniter) recibieron en comisiones, como adelantó este periódico, al menos 50 millones de euros, aunque la cifra puede ser superior. La juez Alaya las considera –a las dos– elementos de un engranaje perfectamente articulado para enriquecerse irregularmente y provocar el enriquecimiento de otras piezas de ese puzzle de las sobrecomisiones que según la magistrada empiezan a encajar.

El administrador único de Uniter va a declarar, según fuentes próximas al imputado. Su intención es explicar a la juez que la forma de operar de esta mediadora era totalmente distinta a la que seguía Vitalia, pieza clave en el caso, y de la que en estos momentos hay en la cárcel tres directivos: Antonio Albarracín, María Vaqué y Eduardo Pascual. «Hay que diferenciar las actuaciones de una intermediaria y otra. No nos podemos identificar con las actuaciones de esos señores. Jamás se ha trabajado con gente del perfil de Lanzas», abundan las mismas fuentes.

Vitalia, como contraprestación a hacerse con el mercado de los ERE andaluces, contribuyó con un amplio reparto de las abultadas comisiones. CC OO y UGT cobraron 4,3 millones de euros. El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en prisión provisional, además de sobres con dinero en efectivo que su chófer recogía en Madrid, recibió de cuentas del holding Vitalia 94 transferencias en una cuenta por importe de 161.600 euros y 76 operaciones en otra que ascendieron a 87.400 euros.

Uniter niega pago alguno a Juan Lanzas, a los sindicatos o a Guerrero. Así lo señalaron las fuentes consultadas. Y así lo señaló también José González Mata en la comisión de investigación parlamentaria de los ERE. En esa comparecencia, el pasado 20 de septiembre, el administrador único de Uniter señaló que de las comisiones, un tercio era para impuestos, otro tercio para las asociaciones de trabajadores que montaron y otro tercio de beneficio neto.

La juez, sin embargo, esgrime una serie de pruebas que implicarían a Uniter directamente en este retorno, en forma de reparto, de las comisiones. En el auto de prisión de Francisco Javier Guerrero señala que éste recibió «dádivas o presentes a cambio de los cuales omitiría la celebración de licitación pública para la designación de las consultoras», por parte de Albarracín, Lanzas y también de González Mata. Además, destaca comisiones muy jugosas de Uniter, como los siete millones de euros de Delphi.

En los asientos contables de Uniter aparecen dos pagos de 25.000 y 75.000 euros a nombre de «J. Guerrero», según la investigación, que corresponden a dos cheques cobrados por la empresa Andalucine, relacionada con la hermana de una alto cargo de la Junta.

Además, la juez constata pagos a Guerrero por vía indirecta. «Estudios Jurídicos Villasís, una vez recibidos los ingresos procedentes de Uniter, transfería cantidades a las empresas vinculadas al entorno de Guerrero, como por ejemplo y por citar alguna, el 2 de agosto de 2006 Uniter transfiere a una cuenta de Estudios Jurídicos Villasís 190.000 euros», recoge la juez. El bufete de abogados extrajo 60.000 euros de esa cuenta mediante 20 reintegros de 3.000 euros y de esta cantidad resultan dos transferencias de 30.000 euros. Una para Saphire Grupo Empresarial, administrada por el chófer de Guerrero y otra a «Promociones Vinícolas», controlada por «Goyo» Martínez Piñero, el supuesto camello de la trama, hijo del dueño de una venta de Cazalla donde solía acudir el ex consejero de Empleo José Antonio Viera. González Mata está convencido de que no irá a la cárcel, como ha ido la cúpula de Vitalia. Su hijo ha sido detenido. La Guardia Civil sí baraja, como ya informó este periódico que del despacho de Alaya salga camino de prisión.