Vallejo y Recio se desligan de los ERE y de una ley presupuestaria de «5.000 folios»

Uno, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, había solicitado declarar de forma voluntaria. El otro, el ex titular de Empleo Manuel Recio, no. Los dos comparecieron ayer en calidad de investigados –antes imputados– en el ámbito de la «macrocausa» de los ERE irregulares, en concreto en la pieza considerada la rama política, ante un juez que se estrenaba con los interrogatorios, Álvaro Martín, y el resumen en ambos casos, vía fuentes judiciales, es que «no sabían nada».

Arrancó Vallejo, quien sostuvo que en los cinco años que desempeñó el cargo, de 2004 a 2009, le dedicó «diez minutos», distribuidos en dos bloques de dos y ocho, a estudiar las transferencias de financiación, la herramienta contable que se utilizó durante años para mover el dinero, sobre todo desde Empleo, primero al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y luego a la agencia IDEA, para que éstos pudieran materializar los pagos de las ayudas. Un procedimiento que el ex consejero aseguró desconocer y que la Intervención General de la Junta avisó de que no era el adecuado.

Es más, durante su declaración, que se prolongó en torno a unos 45 minutos, Vallejo señaló que no fue hasta 2007 cuando tomó conciencia de que existía un déficit de tesorería en IDEA, provocado precisamente por el uso de las transferencias de financiación, según explican fuentes del caso, que añaden que, en relación a ese asunto, se negó a contestar a una pregunta de la representación procesal del PP sobre si en la memoria de las cuentas anuales de 2004 figuró ya «el déficit generado en IDEA de 93 millones».

Para el ex consejero socialista, el desfase presupuestario en el IFA/IDEA era «normal» y no le preocupaba porque esos órganos fueron credos para «dar respuesta a situaciones de crisis», que tuvieron que afrontar empresas como Santana Motor. El ex alto cargo quiso dejar claro ante el juez también que desconocía que su departamento concedió ayudas con cargo a la partida 31L –el denominado mediáticamente «fondo de reptiles»–, aunque Innovación se las dio a los Juegos del Mediterráneo o a A Novo Comlink, a la luz de lo recogido en el voluminoso sumario del proceso.

Vallejo defendió también que nunca leyó el convenio marco de 2001 por el que se repartían los fondos públicos. Ello, pese a que el ex director general de IDEA, Miguel Ángel Serrano, relató a la Guardia Civil en septiembre de 2012 que le transmitió en varias ocasiones la conveniencia de prescindir de él y le alertó incluso de que la agencia estaba adquiriendo compromisos «muy por encima de lo presupuestado».

En línea con lo anterior, el ex consejero tampoco se leyó la Ley de Presupuestos, dado que eran «5.000 folios», y a su poder no llegaron informes relativos al control financiero permanente al que estaban sometidos el IFA e IDEA ni los pidió. Sí admitió que al Consejo de Gobierno se elevaron al menos tres de esos documentos, que se aprobaron sin más. ¿Por qué? Detalló que al cónclave de consejeros de la Junta se le trasladaba un orden del día con puntos rojos de carácter político que eran debatidos y otros verdes a los que directamente se les daba el visto bueno, categoría en la que entraban los mencionados informes de control.

A su salida del juzgado, Vallejo confirmó que había vuelto a reclamar el archivo de la causa contra él por presunta prevaricación puesto que «cumplir la ley» de Presupuestos, que es lo que entiende que hizo durante años, «no puede ser nunca un delito». Aseveró que tras un lustro de investigación «no existe ninguna prueba o indicio» contra él, según recogieron las agencias, y que ya es momento de que «se separe el grano de la paja».

Recio, por su parte, tampoco «participó en nada», a la luz de sus respuestas a la alrededor de treintena de cuestiones que le planteó la Fiscalía –sólo contestó a éstas y a las de su abogado–. Fuentes del caso indicaron a este diario que, al igual que su predeceso en la sala, se desvinculó de la Ley de Presupuestos, del convenio marco, de las modificaciones presupuestarias, del mal uso de las transferencias e incluso de ayudas dadas por su consejería. Sí quiso compartir que tras percatarse de las irregularidades en Mercasevilla en noviembre de 2010, creó un equipo de funcionarios con el fin de llevar a cabo una investigación interna para comprobar si había anomalías en otros expedientes. Además, demandó informes a la asesoría jurídica para saber si podía seguir abonando las ayudas comprometidas por sus antecesores en el cargo, documentos que avalarían los pagos por cuestiones de «seguridad jurídica», siempre que los expedientes estuvieran limpios de irregularidades. El ex titular de Empleo, que declaraba por primera vez por su implicación en el «caso ERE», aseguró, por último, que nadie le advirtió de que el Gobierno andaluz no era competente en materia de subvenciones sociolaborales, si éstas contaban con informes favorables.

Para completar la jornada desfiló ante Martín otro investigado: el ex viceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua.

Viera tomará hoy el relevo

La agenda de declaraciones fijada por el juzgado que instruye el «caso ERE» marca que hoy le toca el turno a otro ex consejero del Gobierno andaluz: al ex titular de Empleo José Antonio Viera. Tendrá que acudir, en calidad de investigado –antes imputado–, por un presunto «desvío» de fondos «mediante su entrega» a la empresa pública Egmasa para financiar un plan de prejubilaciones ligado al ERE de 2003 que afectó a 373 trabajadores. La Junta pagó 21,6 millones.