Virginia Pérez (PP) se reúne con la plataforma de la diferenciada y reitera que la Junta debe “cumplir la Ley”

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Tras la tercera sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) que reconoce el derecho de los centros andaluces de educación diferenciada por sexo al concierto educativo, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha insistido este martes en que “la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tiene que redirigir su postura ante la educación diferenciada para cumplir con lo dispuesto en la ley, la decisión de los jueces y el derecho de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos”.

Tras una reunión mantenida por Virginia Pérez junto al vicesecretario de Sociedad del Bienestar del PP sevillano, José Luis García, y la diputada provincial Isabel Díaz, con la portavoz de la plataforma “Mis Padres Deciden”, Gemma García, la presidenta del PP de Sevilla ha anunciado que esta semana, los populares “vamos a preguntar en el Parlamento andaluz por la situación y la postura de la Junta de Andalucía sobre la diferenciada tras las diversas sentencias que dan la razón a los padres y a los centros”.

Así, ha recordado que “ya son tres las sentencias que el Tribunal Supremo ha emitido a favor de la educación diferenciada, siendo Altair, Ribamar, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes de Carmona, los centros a los que se le ha dado la razón”. “No podemos olvidar que tanto estos colegios como los de Albaydar y El Cható, de los que aún no hay sentencia del TS, cuentan con dictámenes favorables del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

“Son hechos, realidades, que confirman que el acoso del PSOE en la Junta de Andalucía hacia la diferenciada sólo responde a criterios ideológicos sin fundamento legal y que atienden sólo a intereses partidistas”. Virginia Pérez, así, ha reiterado que “un total de tres sentencias del TS confirman el empecinamiento del Gobierno andaluz contra este sistema educativo que sigue siendo, más que le pese a la señora Díaz, la opción elegida por centenares de padres”.

“Al Gobierno de Susana Díaz no le queda más que cumplir no sólo con estas sentencias, sino también con el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación, que indica que las Administraciones públicas regularán la admisión del alumnado en los centros públicos y en los privados concertados, garantizando la libertad de elección de centro por padres o tutores”. Por todo ello, “vamos a realizar una pregunta oral en el Parlamento para conocer la situación y la postura de la administración autonómica sobre la educación diferenciada tras las diversas sentencias que dan la razón a padres y centros”.