Vivienda teme otro recurso «de tapadillo» a la ley antidesahucios

El recurso del Gobierno central al decreto antidesahucios aprobado en mayo llegó a oídos de la Junta por la prensa. Una fórmula que la consejera de Fomento y Vivienda teme que se repita con la ya Ley de Función Social de la Vivienda, pese a la reiterada petición para convocar de forma urgente la comisión bilateral entre ambas administraciones.

Elena Cortés expresó ayer su preocupación por que desde Madrid se recurra «de tapadillo si baja la presión social» en torno a un tema tan sensible como los desahucios. En toda Andalucía han sido 3.521 las familias beneficiadas. «Queda claro que el Gobierno tiene auténtico pánico a entrar en el fondo de esta Ley», aseguró.

En este sentido, recordó que «es un momento crítico porque se está produciendo una ofensiva por parte de entes especulativos, que se resisten a que la vivienda deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho humano».

Cortés realizó estas manifestaciones tras corroborarse la adhesión de otros diez municipios sevillanos al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, permitiendo así el asesoramiento de ciudadanos en riesgo de perder sus pisos. En la región son 239 los consistorios que ya han suscrito convenios respaldando lo que calificó como el «santo y seña» del Gobierno andaluz.

Sobre su reunión en la víspera con la ministra de Fomento, Ana Pastor, admitió la predisposición de ésta a trasladar al órgano competente la convocatoria de la comisión bilateral. Cortés centró su desconfianza en la delegada del Gobierno en la comunidad, Carmen Crespo, a quien recordó que la ley «tiene legitimidad democrática y está aprobada por el Parlamento». «De estar aprobada por las bravas, nada», advirtió.

Crespo ha lanzado continuos ataques a una norma «más populistas que otra cosa» e incluso acusa a la Junta de crear «inseguridad jurídica», negando su efectividad pese a la contundencia de los datos de su aplicación. Según avanzó la consejera, ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) 31 nuevos expedientes de familias afectadas, mientras que otro centenar se encuentra en estudio.