Zoido, reacio a premiar «a quien da la patada en la puerta»

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Veinte meses ha tardado la Junta de Andalucía en buscar de verdad una solución a las familias que ocuparon un edificio de Ibercaja en el barrio sevillano de San Lázaro y que forman la denominada Corrala Utopía. Ahora, a escasas horas de que se cumpla la ampliación del plazo previo al desalojo forzoso dictado por la juez, la consejera de Vivienda, Elena Cortés, pide a Zoido que el Ayuntamiento hispalense realoje temporalmente a los ocupas en viviendas municipales hasta que en septiembre se concluyan las obras en edificios sociales proyectados por la Administración autonómica. Una petición urgente de reunión que el alcalde popular no rechaza, aunque tampoco oculta su negativa a premiar a quien «da la patada en la puerta», mientras otras familias siguen esperando el proceso legal de adjudicación.

Cortés argumenta que todas las viviendas protegidas en la capital están habitadas tras haberlas pasado al régimen de alquiler y rabajado las rentas, mientras el Ayuntamiento hispalense tiene «cerca de 400» pisos «vacíos», y habla de «responsabilidad» municipal con las familias.

Por su parte, Zoido recuerda a Cortés que «también habrá que hablar de otras cosas pendientes en Sevilla», empezando por la reconstrucción de barriadas –ayer la Gerencia de Urbanismo dio un paso más al aprobar la realización del proyecto constructivo de los edificios sociales en Los Pajaritos–, las líneas del Metro o los carriles bici, entre otros. «Será atendida, pero espero que los sevillanos también lo sean. Habrá que fijar un orden del día para que no se lleve a engaño», agregó.

Porque en el caso de la Corrala, «quien tiene la competencia» es la Junta y Zoido recuerda que el Ayuntamiento fue pionero al anunciar que «nadie sería desahuciado de una vivienda municipal si no puede abonar el alquiler o la hipoteca como consecuencia de la crisis», optándose por acomodar los pagos y condiciones vigentes.

No es el único punto de fricción con la Junta, ni mucho menos. En materia de empleo, las escuelas taller continúan sin ponerse en marcha, cuyo plazo máximo expira el 1 de marzo. Zoido lamentó que «la Junta lleva tres años castigando» a Sevilla «sin escuelas taller y ahora le ha entrado la prisa». Y recordó que ante el reparo del Interventor municipal fue necesario modificar el expediente del programa, al que ahora ha de dar el «ok» la Administración autonómica. «Si dice que la pongamos en marcha, se hará conforme a las prescripciones legales», agregó. Es más, se mostró dispuesto a que se amplíen estas escuelas a otros barrios deprimidos. El déficit de la Junta en políticas activas de empleo es elevado.