Absuelto Javier León de la Riva de los delitos de prevaricación y falsedad documental

La Audiencia Provincial de Valladolid absuelve al exalcalde de la ciudad, Javier León de la Riva, y a los exconcejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, de los delitos de prevaricación y falsedad documental -esté último sólo a De la Riva- a los que estaban acusados en el caso de los avales del soterramiento del tren en la capital vallisolena. Las tres cartas de conformidad o «comfort letter» firmadas por el entonces alcalde en la Sociedad Alta Velocidad el 28 de julio de 2008, el 24 de septiembre de 2010 y el 26 de enero de 2011.

El Tribunal considera que los hechos no tienen entidad penal por prevaricación porque en la conducta de los acusados no concurre que actuaran a sabiendas de injusticia y arbitrariedad, mientras que en el caso del ex alcalde, la Audiencia tampoco observa el dolo falsario que caracteriza a la falsedad documental. Si bien, la sentencia sí que pone de manifiesto que ha podido existir una posible ilegalidad administrativa, pero insiste en que los hechos carecen de entidad para acusar a De la Riva, Sánchez y Blanco de haber prevaricado en este asunto.

Asimismo, en la resolución, de cerca de medio centenar de folios, considera probado que el exalcalde no actuó con malicia o con intención fraudulenta de alterar o mutar la verdad, sino, más bien, con negligencia grave en la medida de que no se cercioró, pudiendo y debiendo hacerlo. El fallo reprocha igualmente a De la Riva que no siguiera el procedimiento legal y actuara con alto grado de ligereza y despreocupación, pero insiste en que no aprecia dato alguno que ponga de manifiesto una intención torticera de perjudicar deliberadamente al Ayuntamiento.

La Audiencia explica también en la sentencia que para la firma de las cartas de conformidad era preciso recabar autorización del Pleno Municipal y la autorización del órgano de tutela del Gobierno regional, en el supuesto de existir un Plan económico financiero aprobado o cuando el nivel de endeudamiento superara el 110 por ciento, lo que acaecía en las dos últimas cartas.

Tanto la acusación pública por parte de la Fiscalía, que pedía nueve años de cárcel para el exalcalde, como la particular, por parte del actual equipo de Gobierno gobernado por el socialista Óscar Puente que reclamaba tres años de prisión, se centraron en que el ex regidor supuestamente suscribió estas tres cartas de conformidad sin pasar por los órganos municipales correspondientes para su autorización, destinadas a avalar el soterramiento del ferrocarril.

Estas misivas contenían una cláusula que decía que el Consistorio declaraba que las actuaciones, acuerdos y autorizaciones para el válido otorgamiento del documento habían sido debidamente realizadas y adoptadas y que los firmantes poseían facultades para suscribir el escrito. Pero la firma de esta cláusula por el exalcalde no se ajustaba a la realidad pues no había recabado autorización de ningún organismo, cuando resultaba necesario. El Tribunal no considera probado que el acusado, al firmar estos documentos, tuviera intencionalidad de trastocar de forma consciente y maliciosa la verdad para inducir a error a los demás implicados en el documento.

De todas formas, la sentencia no es firme y todavía cabe la posibilidad de que las acusaciones interpongan un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.