Adelgazan los tres consejos y el Procurador del Común

Las instituciones propias de autogobierno de Castilla y León, aquellas equiparables a otras de ámbito nacional, pero que desde hace años -algunas hasta dos décadas- operan en la Comunidad, como son el Consejo Económico y Social (CES), el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, verán adelgazadas sus dimensiones. Algo que propiciará un ahorro de 2,8 millones de euros al año. Así lo anunció el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien dio a conocer el contenido del Anteproyecto de Ley, al que dio luz verde el Consejo de Gobierno celebrado ayer.

El objetivo que se persigue, detalló, pasa por profundizar en la independencia, mejorar la eficiencia y homogeneizar marcos legales con que operan estas cuatro instituciones, que gestionarán en 2013 un total de 12,2 millones de euros en sus presupuestos, lo que representa un 23,3 por ciento menos que en el ejercicio que apunta a su final.

Entre las principales novedades defendidas por la Junta en este documento, que se remite hoy a las Cortes para su aprobación durante el próximo periodo de sesiones, se encuentran algunas de cuantas pactó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con los dos principales partidos políticos de la Comunidad, PP y PSOE, el pasado mes de octubre.

Entre ellas, la fijación de una secretaría única para las cuatro instituciones, que dependerá de la presidenta de las Cortes. También al Legislativo se adscribirán los presupuestos del CES, el Consultivo, el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común.

También el Parlamento será competente en contratos comunes a dos o más instituciones, así como aquellos que tengan dos o más millones de presupuesto y en lo relativo a estudios o trabajos técnicos.

Acotación de mandatos

El texto, al que pueden hacerse sugerencias en la plataforma de Gobierno Abierto, en la web de la Junta, también determina la fijación de un máximo de dos mandatos para cada presidencia.

Asimismo, incide en que los responsables de las instituciones podrán tener dedicación exclusiva o parcial. En el primer caso, tendrán una retribución equivalente a la del presidente de la Junta, y si es parcial, la tercera parte de cuanto recibe en la actualidad un secretario general de la administración regional.

En el Consejo Económico y Social se crea un grupo de enlace con la sociedad civil para que organizaciones que actualmente no están allí representadas tengan voz en materias sensibles como la protección a la infancia, la juventud, los mayores, los inmigrantes o los discapacitados, si bien esto no supondrá un coste adicional a las arcas públicas.

Mientras, en el Consultivo se establece que sólo requerirán de dictamen expedientes de responsabilidad patrimonial que superen los 50.000 euros, en lugar de los mil exigidos hasta la fecha.