Compromiso presupuestario para asegurar la atención a dependientes

Milagros Marcos pide para ello al Estado fondos fijos en el modelo de financiación autonómica

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, momentos antes de comparecer en las Cortes para hacer balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, momentos antes de comparecer en las Cortes para hacer balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, MIlagros Marcos, compareció ayer, a petición propia, en las Cortes regionales para hacer balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León en los seis años que lleva en ejecución.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, MIlagros Marcos, compareció ayer, a petición propia, en las Cortes regionales para hacer balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León en los seis años que lleva en ejecución. Una intervención que la consejera resumía así: «sin garantía financiera no conseguiremos que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo por muchas leyes que escribamos». Milagros Marcos tiene claro que una financiación estable es la única fórmula para garantizar la atención a las personas dependientes en el futuro. Para ello, la consejera considera que la mejor manera de conseguir esta estabilidad pasa por incorporar la Dependencia al modelo de financiación de las comunidades autónomas, «de la misma forma -dice- que la Sanidad o la Educación, para evitar que esta financiación se supedite a las decisiones políticas o presupuestarias del Gobierno de turno».

Marcos señala que, desde siempre, la Ley deja claro que la Administración central y la autonómica deben aportar la mitad cada una a la atención a los dependientes. Una premisa que, según la consejera, no solo no se ha cumplido en estos seis años, sino que, además, se ha agravado la diferencia, ya que «por cada cinco euros que aporta Castilla y León -denuncia- el Estado sólo pone un euro». Y es que el Estado debe a la Comunidad cerca de 600 millones de euros en materia de Dependencia desde que entró en vigor la norma, según los datos facilitados por la Consejería de Familia.

Sin embargo, la consejera destaca la responsabilidad del Gobierno que preside Juan Vicente Herrera en la aplicación de la Ley, «muy por delante -asegura- de la actuación del Gobierno central, que es quien la promovió, ha posibilitado que Castilla y León haya subsanado siempre las carencias estatales introduciendo mejoras y acortando plazos en el rocedimiento». Al respecto, la consejera pone como ejemplo los dos últimos dictámenes de los gerentes y directores de Servicios Sociales de toda España en los que Castilla y León obtiene un 9,2 sobre diez, la máxima puntuación en la España autonómica, o que nuestra Comunidad haya llegado ya, con dos años de adelanto, a una atención plena a las personas con gran dependencia y dependencia severa. Sobre este último punto, la consejera destaca que en Castilla y León se atienden ya a 57.000 grandes dependientes o severos, que son dos mil más que los previstos para 2015.

Finalmente, Marcos se reafirma en su apuesta firme por los servicios de calidad frente a las prestaciones meramente económicas y un modelo de subsidios, y destaca la implicación y participación de las entidades locales, sindicatos y asociaciones del sistema de Servicios Sociales.