El Gobierno Herrera rebajará las cargas para el impulso empresarial

El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera anuncia la reducción un 5 por ciento de las cargas y trabas administrativas y un 10 por ciento las disposiciones normativas para impular la creación de empresas en Castilla y León. El objetivo es legislar mejor y hacer «más sencillos y comprensibles los procesos».

Así lo recoge el Plan de Apoyo a la Creación de Empresas en nuestra Comunidad, que incluye cuatro programas con 43 medidas operativas, que conformarán la «herramienta» para lograr los objetivos definidos en la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas en la Región, que se aprobó en las Cortes autonómicas el pasado 12 de junio, donde se fijó un plazo de seis meses para su desarrollo.

Las actuaciones para racionalizar y simplificar los trámites administrativos están contenidas en el Programa III del plan, que incluye cuatro medidas operativas. Todas estas medidas están orientadas a lograr la principal novedad de la ley, que es la reducción de los trámites para la creación de una empresa, que no podrá exceder de tres meses, si bien se incluyó la figura de la autorización provisional, que permite el inicio de la actividad en el plazo de diez días.

Al respecto, se desarrollará un «Mapa de procesos» que recogerá un listado de los procedimientos gestionados por las distintas consejerías en materia de creación e instalación de actividades en la Comunidad. Asimismo, se aprobará un decreto donde se definirá el ámbito concreto de aplicación de las medidas de racionalización y simplificación administrativa previstas en la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas, que incluirá un anexo con ese mapa, informa Ical.

El Gobierno regional también asume actuaciones específicas para limitar los proyectos sometidos a impacto ambiental y la simplificación de los regímenes de intervención en materia de prevención. Asimismo, también contempla medidas relativas a los establecimientos comerciales, y se limitará la licencia de obra a aquellas que afecten al menos al 25 por cieno de la superficie total de ventas y, en todo caso, cuando la ampliación implique una superficie de venta final por encima de los 2.500 metros cuadrados. Junto a esto, se reducirán los plazos para la comunicación de la transmisión de un gran establecimiento comercial por parte de su nuevo titular.

Un segundo bloque de medidas está orientado a la simplificación de la documentación, con el reto de establecer modelos de solicitud única, y se trabajará para estandarizar y normalizar los documentos administrativos y los formularios.

Otro reto es generar nuevas herramientas que hagan más sencillo el proceso. Así, se generalizará la teletramitación y automatización de los procedimientos, dando prioridad a aquellos con mayor impacto social y económico y con atención preferente a la pyme (en la actualidad hay 829 procedimientos en sede electrónica y 74 servicios). Se podrá en marcha también un tablón electrónico para agilizar las notificaciones y se creará un repositorio electrónico con las escrituras de constitución de las empresas, eximiendo a sus promotores de aportarlas con posterioridad, siempre los datos estén actualizados. Otra acción pasa por que cualquier registro de la Administración general o de los entes públicos de derecho privado reciban indistintamente las solicitudes, escritos y comunicaciones de la Administración autonómica.

En cuanto a las medidas de calidad normativa, se contempla una evaluación del impacto regulatorio en los planes y programas que tengan efectos sobre la economía. Además se incorporará una cláusula de revisión en aquellas normativas sujetas a una rápida evolución tecnológica.

El Programa IV del plan, es el más extenso, con 21 medidas de apoyo, distribuidas en cuatro bloques sobre información y asesoramiento general; apoyo a la producción, comercialización e internacionalización; impulso a la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y los espacios de innovación; y financiación.