El Gobierno Herrera refuerza la Renta Garantizada y su lucha contra la hepatitis C

Sufragar la Renta Garantizada de Ciudadanía y el nuevo tratamiento de la hepatitis C. Estos son los objetivos del acuerdo aprobado por el Gobierno Herrera, en su reunión semanal, para elevar en casi 50 millones, hasta los 2.326,1, el préstamos a tipo cero del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) con el fin de cubrir las necesidades de liquidez de la Junta en 2015.

Así lo destacó la vicepresidenta, Rosa Valdeón, y explicó que no se trata de dinero nuevo, sino de contar con liquidez, después de la decisión de la Comisión Delegada del Gobierno de España para Asuntos Económicos de conceder recursos adicionales a las autonomías para sufragar las posibles desviaciones de déficit.

En este sentido, recordó que a finales de agosto el Ejecutivo autonómico acordó el incremento de ese límite en 272,5 millones de euros, hasta los 2.276,1 millones, con el fin de reestructurar su cartera de préstamos, aprovechando las buenas condiciones de los mercados.

Castilla y León optó por el FFF porque era el reservado a los territorios que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y respetan el periodo medio de pago a proveedores.

Rosa Valdeón declaró que con el ahorro estimado de 20 millones en intereses este año se contará con recursos adicionales para fines sociales, como la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía a las personas que perciben un subsidio parcial por desempleo.

Cumplimiento del déficit

Al respecto, la número 2 del Gobierno Herrera afirmó que, si la Administración regional no cumple el objetivo de déficit fijado para el cierre del presente año, «será por poco» y como consecuencia de «imponderables en los que siempre hemos mostrado nuestro desacuerdo».

Rosa Valdeón aseguró que «una décima más o menos» no puede «distorsionar» el hecho de que la Junta de Castilla y León ha sido una autonomía que «siempre ha cumplido».

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó un gasto superior a los 23,4 millones para el suministro de material higiénico y sanitario a todos los centros residenciales de nuestra Comunidad. El expediente tiene una duración de tres años y prevé la adquisición en ese plazo de 34,3 millones de unidades de las que se beneficiarán 20.000 pacientes.

El suministro de absorbentes es una prestación pública que se realiza de dos formas: la primera, el régimen general, en la que se exige que el médico recete este producto. Y el segundo, es que los médicos del Sacyl emitan un informe de prescripción individual para que las residencias elaboran un pedido con la cantidad que necesitan.

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