El Gobierno regional no suprime servicios sanitarios, «ni urbanos ni del medio rural»

«No se suprime ningún servicio sanitario, ni en el medio rural ni en el urbano». Con estas palabras, de manera rotunda, el consejero portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, rechazaba ayer las críticas que azotan, en los últimos días, a la Consejería de Sanidad, por la reordenación asistencial. Algo que, recordó, «se viene haciendo desde hace un año» a partir de contactos con los profesionales sanitarios y con alcaldes. «Quien hace esa lectura y dice que quitamos servicios o está mal informado o no lo conoce bien», agregó De Santiago-Juárez. Y es que, remarcó, la Ley de Ordenación del Territorio «deja claro» que se ha de mantener.

El consejero portavoz reconoció que la reordenación «se ha podido explicar mal», y que se informará nuevamente de ella entre quienes están implicados. De igual manera, se refirió a una búsqueda de eficiencia en la prestación de este servicio público «tan sensible». En concreto, manifestó que hay zonas de salud rurales en las que un médico puede dar cobertura a 60 tarjetas de pacientes, mientras que en entornos de ciudades o periurbanos esa cifra se eleva a las 2.000 cartillas.

Algo que sucede, agregó, «a pesar de que pueda existir, por ejemplo, el mismo envejecimiento en el ámbito urbano que en los pueblos de Castilla y León».

«A quienes critican, ¿les parece bien que el médico tenga una jornada tan holgada -en referencia a quienes cuentan con menos tarjetas asignadas-?», cuestionó De Santiago-Juárez, quien consideró que podría trasladarse a personal de zonas en las que haya mayor número de profesionales, «lo que no implica que se reduzca la asistencia sanitaria». Según indicó, con el reajuste habrá «más tiempo» entre los profesionales con mayor carga asistencial, lo que servirá para «atender a los pacientes y para recibirlos antes».

En otro orden de cosas, aseguró que Castilla y León «ha sido la comunidad autónoma que ha ido más lejos» para evitar la aplicación del copago farmacéutico hospitalario, y aseguró que estudian «la fórmula más adecuada» para que el coste no repercuta en los más de 8.000 pacientes que hasta ahora tenían esa prestación de manera gratuita. Aunque no la descartó, la aplicación de una deducción, vía IRPF, «no parece lo más adecuado», como reclamaron desde la oposición.