El informe PISA exige una ley como la Lomce

Todo el mundo ha oído hablar del informe PISA que elabora la OCDE desde hace 13 años y que edición tras edición (y ya van cinco) saca los colores a España por sus insuficientes resultados educativos. El informe sirve, entre otras cosas, para comparar el nivel educativo de los distintos países (y las distintas Comunidades Autónomas) en competencia matemática, comprensión lectora y aptitudes científicas. Pues una vez más, España vuelve a suspender: quedamos por debajo de la media de la UE y de la OCDE en todas las materias. Un fracaso absoluto.

Los resultados del último informe PISA, de esta misma semana, arrojan datos desoladores: nuestro sistema educativo está 10 puntos por debajo del resto de países de nuestro entorno en matemáticas, 8 puntos en comprensión lectora y 5 puntos en ciencias. ¿Cómo podrán competir los jóvenes españoles en el futuro si ya parten en el puesto 25º de la parrilla de salida? En todas las materias están por encima los jóvenes alemanes, franceses y británicos, que son con quienes pugnarán por un puesto de trabajo el día de mañana.

Un país como el nuestro, que aspira a ser más competitivo y a que nuestros jóvenes encuentren un puesto de trabajo en un mundo globalizado, tiene serios motivos para preocuparse de verás ante estos alarmantes resultados. Nuestro suspenso en el informe PISA nos limita a nosotros, pero sobre todo limita a generaciones futuras de estudiantes, que no tienen culpa de nada, y que son quienes acaban pagando el alto precio de la renuncia a la excelencia que ha tenido durante décadas el sistema educativo en España.

Si ya existía un clamor ciudadano acerca de las graves deficiencias del sistema LOGSE (del entonces Ministro Rubalcaba en 1990) y LOE (de Zapatero en 2006), el nuevo informe PISA no hace sino confirmar objetivamente la urgencia y necesidad de terminar con un modelo educativo caducado y fracasado, que no ha dado la talla en los rankings internacionales, incapaz de afrontar un paro juvenil del 54,3por ciento (EPA del III Trimestre de 2013) y que ha dejado una tasa de abandono escolar del 24 por ciento entre los alumnos de 15 años.

¿Hay o no hay motivos suficientes para impulsar un nuevo modelo que acabe con esta injusticia? Porque no hay nada más inequitativo que un sistema incapaz de impedir que la mitad de los jóvenes españoles acaben integrando las colas del paro; no hay nada más discriminador que un sistema como el LOGSE-LOE que aboca a 1 de cada 4 jóvenes al abandono escolar; y no hay nada más segregador que un sistema que ha aumentado aún más la brecha educativa que existe entre los jóvenes de distintos territorios de España: Las Comunidades Autónomas con mejores resultados en 2009, mejoran en 2012 (Navarra, +23 puntos; Castilla y León, +15 puntos; País Vasco, +11 puntos; Madrid, +10 puntos), y las que peor resultado obtuvieron en 2009, empeoran en 2012, como es el caso de Murcia y Extremadura, que pierden 32 y 33 puntos respectivamente.

El último informe PISA pide a gritos una mejora de la calidad del sistema educativo español. Exige más que nunca que los políticos y toda la sociedad nos tomemos en serio, de una vez por todas, que una educación de calidad es el mejor camino hacia un futuro de oportunidades. Eso es precisamente lo que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy, que no ha querido mirar hacia otro lado y ha abordado la reforma educativa que acabe con las desigualdades entre los jóvenes españoles, reduzca la brecha educativa que nos distancia de nuestros socios de la Unión Europea y que sea compatible con la mejora general del rendimiento de los alumnos.

La Lomce marca el final de dos décadas de malas notas para España en los informes internacionales. Con ella evolucionamos hacia un nuevo modelo educativo que refuerza en todo el territorio nacional las materias suspendidas en el informe PISA: las matemáticas, la lengua, las ciencias y además refuerza el inglés, pieza clave que multiplica nuestras oportunidades en Europa y en el mundo. El nuevo sistema además pone especial atención en el respeto y la motivación de los profesores, y pone en práctica un nuevo sistema de evaluaciones que permite detectar y prevenir a tiempo las dificultades que tengan los estudiantes.

No debemos caer en el error, en el que cayeron algunos, de creer que sólo aumentando el gasto educativo se aumenta la calidad del sistema, porque ha quedado en evidencia: el caso español indica que aunque el gasto se ha incrementado un 35% en los últimos años, no se ha traducido en mejoras notables como lo logrado en otros países. Es evidente que España no tiene un problema de inversión educativa, sino de modelo; ni tampoco es un problema de desigualdad en el acceso, sino en los resultados. En definitiva, el fracaso no es de nuestros jóvenes, sino de nuestro modelo.

Ante la falta de competitividad y oportunidades que vuelve a poner de manifiesto el informe PISA, sólo cabe una pregunta: ¿quién puede seguir apostando por un modelo que ha llevado al abandono escolar a la cuarta parte de los jóvenes escolares? Por esto y porque entra en juego nuestro futuro, es por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha la gran reforma educativa que evitará que España quede condenada a perpetuarse en la mediocridad que supone la renuncia a la excelencia en nuestro modelo educativo, que es lo mismo que renunciar a un futuro más prometedor.

Por fin ha llegado el momento de que España saque buenas notas en los futuros informes PISA, que se abrace la cultura del esfuerzo y se aborde el absentismo, el fracaso y el abandono escolar temprano. Más de dos décadas de leyes educativas socialistas es tiempo suficiente para corroborar que la excelencia no se alcanza igualando por la base, sino consiguiendo que los resultados en el informe PISA de la primera Comunidad Autónoma, que es Castilla y León, sean los resultados educativos de los jóvenes de toda España.