El Plan de Empleo Local prevé contratar a más de 8.000 parados en la Comunidad

Más de 8.000 desempleados se beneficiarán del Plan de Empleo Local de la Junta de Castilla y León para este año que llegará a las distintos ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad y que contará con una inversión de 57,9 millones de euros. El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, anunciaba que la principal prioridad, en esta ocasión, será el colectivo joven, que «han sido los más castigados por los efectos de la crisis» y que deben ser ahora «los principales beneficiarios» de los planes puestos en marcha por el Gobierno regional.

Fernández Carriedo realizaba estas declaraciones, acompañado por el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la visita a los participantes en los dos programas de formación y empleo que la institución tiene en la capital.

El consejero manifestaba que este programa busca impulsar el empleo en el medio rural, así como el fortalecimiento de la cohesión social y territorial mediante la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general.

Una de las principales novedades son las medidas específicas destinadas para aquellas personas menores de 35 años, con un incremento del 22 por ciento en aquellos recursos destinados para su contratación para la realización de actividades turísticas, trabajos forestales, así como un importante esfuerzo en los Programas Mixtos de Formación y Empleo, que aumentan su dotación para este año en un 121 por ciento respecto a 2018.

Un impulso a estas líneas que forma parte del Plan de Empleo Joven aprobado en el Consejo del Diálogo Social, y que cuenta con una dotación inicial de 132,3 millones para los dos próximos años y que engloba a varias consejerías del Gobierno regional.

El Plan también incluye once líneas específicas con el objetivo de mejorar la empleabilidad, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, impulsar la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y mejorar su protección ante situaciones de crisis empresariales.

Van desde iniciativas para contratar a perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía hasta la contratación de residentes en las zonas rurales en el sector del turismo.