El PSOE palentino pone el grito en el cielo ante el récord de incineradoras de Europa

Los socialistas denuncian que si sale adelante la modificación del Plan Regional de Residuos que tiene en mente la Junta de Castilla y León, la provincia de Palencia se va a convertir en el vertedero industrial de la Comunidad. Los procuradores socialistas María Sirina Martín y Francisco Ramos levantaron ayer la voz para pedir al Gobierno regional que dé marcha atrás a su intención de instalar un Centro de Tratamiento de Residuos Industriales no Peligrosos en la localidad de Ampudia.

Los socialistas consideran que estos residuos no se generan en esta zona, yrecuerdan a la Junta ya existe otras dos incineradoras en Venta de Baños y en los alrededores de Aguilar de Campoó, en el límite de Palencia con Cantabria, a las que se va a sumar una más de quema de neumáticos en Carrión de los Condes. «Este tipo de plantas contamina el aire o los ríos», advierte María Sirina Martín, mientras insiste en que de llevarse a cabo la modificación del Plan supondría un «varaplo» para los principales sectores de los que vive la economía palentina, y especialmente el medio rural, como son el turismo, la agroalimentación y la ganadería.

El proyecto previsto para Ampudia, en el Paraje de Valdelacueva, vincula al Centro de Tratamiento Integral de Residuos Industriales no Peligrosos para el eje Valladolid-Palencia, que se incluye en el Plan y que se viene tramitando desde diciembre de 2008. Los opositores al proyecto indican que Ampudia ni siquiera se encuentra en el corredor Valladolid-Palencia, ya que se sitúa a 30 y 25 kilómetros, respectivamente, así como a más de 20 kilómetros de la A-62 que une ambas capitales de provincia, y no tiene acceso por autovía.

Los socialistas avisan de que en Ampudia se incinerarían 120.000 toneladas pero solo se reciclarían 10.000 produciendo dioxinas y furanos contaminantes en un radio de 25 kilómetros, incluyendo a la capital.

El Plan Regional de Residuos fue anulado parcialmente en una sentencia de 2007 emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, confirmada por otro fallo judicial en 2011 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y el PSOE teme que la industria comience a funcionar aunque haya un recurso ante el Constitucional, ya que éste puede tardar años en fallar, con la consiguiente indefensión legal y juríidica.