Herrera da nuevos pasos en el diálogo y la concertación para dirimir conflictos laborales

Comienza hoy un nuevo servicio de relaciones laborales individuales entre los empresarios y los trabajadores.

De la mano del Diálogo Social, santo y seña de esta Comunidad, el Gobierno Herrera da un nuevo paso hacia la concertación social para dirimir conflictos laborales entre los empresarios y los trabajadores.

Y es que hoy comienza en Valladolid el nuevo sistema de resolución de conflictos laborales (Serla) a nivel individual con 36 mediadores elegidos por la patronal y los sindicatos. Un nuevo escenario que evitará, por ejemplo, tener que acudir a la vía judicial en casos de drogadicción o alcoholismo de los trabajadores. Algo que favorecerá también poder actuar junto con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la prevención.

El servicio arranca en la provincia vallisoletana, pero se irá extendiendo sin prisa pero sin pausa por toda la Comunidad hasta el 31 de diciembre de 2017 como fecha tope en las diez áreas con Juzgados de los Social de la Comunidad (las nueve capitales de provincia más Ponferrada).

Valladolid acogía ayer una jornada de presentación de este pionero sistema de resolución de conflictos, con la presencia de Herrera, así como del consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo; los líderes sindicales Ángel Hernández (CCOO) y Faustino Temprano (UGT); y el responsable de la patronal Cecale, Santiago Aparicio. Todos ellos coincidían en señalar que este nuevo Serla individualizado ahorrará costes y tiempo, mejorará las relaciones entre los empresarios y los trabajadores y, sobre todo, permitirá avanzar en la estabilidad y el clima de paz social basado en el diálogo y el acuerdo que caracterizan a esta Comunidad. «Resolverá problemas y rebajará tensiones», destacaba el dirigente «ugetista», quien animaba a seguir avanzando en el futuro extendiendo la mediación a los conflictos de índole económica. Hernández, por su parte, destacaba la importancia de este nuevo servicio para los trabajadores con contrato temporal o parcial, a quienes les costaban más estas demandas que lo que podían ganar con ellas.

Castilla y León será también en la primeras región de la España autonómica que no tiene transferidas las competencias de Justicia que contará con un servicio de estas características que, pese a los beneficios que generará a la sociedad, supondrá también un mayor esfuerzo económico y financiero a la Comunidad -según los sindicatos y la patronal podría superar los dos millones de euros al año- ya que la Junta deberá asumir los costes de asistencia técnica, contratación y formación del personal así como las compensaciones de los mediadores o los gastos en material.

Por este motivo, y dado el ahorro que supone este servicio para la Administración de Justicia, el presidente de la Junta pedía ayer al nuevo Gobierno de España que Castilla y León pueda recibir una contraprestación para poder financiar este sistema.

En los veinte años que el Serla lleva en funcionamiento en la Región para dar solución a los conflictos colectivos, se han resuelto más de 4.000 expedientes que han afectado a 1,8 millones de trabajadores pertenecientes a más de 120.000 empresas, con un 42 por ciento de casos que terminaron en acuerdo.

El pasado año, Castilla y León registró 20.113 mediaciones individuales, de las cuales el 55 por ciento de ellas eran susceptibles de poder acudir ahora a la mediación.