Herrera eliminará el IRPF de la vivienda y aumentará las ayudas para el alquiler

Juan Vicente Herrera plantea que las nuevas ayudas que se concederán en el marco del Plan Estatal de Vivienda (2018-2021) estén exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), debido a que la fiscalidad «no es incentivadora», especialmente en las recientes actuaciones de rehabilitación.

El presidente de la Junta también propone elevar las cuantías en las líneas dedicadas a financiar un porcentaje de la renta de alquiler que pagan los inquilinos, debido a las subidas que se han registrado en los últimos años.

Éstas medidas forman parte de las aportaciones que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha remitido al Ministerio sobre el borrador del Real Decreto que recogerá el nuevo Plan Estatal, que sustituirá al vigente, prorrogado durante este ejercicio.

El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones sumó a sus consideraciones las aportaciones de los agentes económicos y sociales, representados en el Consejo del Diálogo Social, así como del sector, a través de la Agrupación Empresarial Innovadora de Construcción Eficiente (Aeice) y del Foro de la Rehabilitación.

El borrador del Plan de Vivienda recoge una amplia batería de novedades, con el alquiler, de nuevo, como uno de los ejes centrales, para lo que articulará líneas de ayudas específicas tanto para los jóvenes, como para los mayores de 65 años y, para afectados por desahucios.

Así se cubrirá hasta el 50 por ciento del precio de la renta mensual de los menores de 35 años . Además, el alquiler podrá ser de hasta 900 euros al mes.

La Junta, que reclamó un compromiso con la vivienda rural en las actuaciones de rehabilitación, plantea en el documento que el Plan ya recoge «en general» los aspectos planteados al Ministerio, si bien apuesta por establecer los mismos requisitos en las ayudas al alquiler para los diferentes colectivos, con importes variables. Con ello, entiende que se ofrece una «mayor claridad» a los ciudadanos y una gestión «más sencilla» de las comunidades.

Igualmente, el Ejecutivo sostiene que las convocatorias de ayudas deberían tener en cuenta los contratos ya firmados y no los que se suscriban en el futuro para no «perder recursos económicos».