Junta y Gobierno de España refuerzan la unidad de acción ante la violencia doméstica

Junta y Gobierno de España refuerzan la unidad de acción ante la violencia doméstica y se comprometen a intercambiar toda la información que tengan en su poder para que las posibles víctimas estén más protegidas.

Objetivo: que las valoraciones de los riesgos que realiza la Policía a través de un protocolo que funciona desde hace más de una década sean más acordes a la realidad actual, y de esta forma poder evitar casos como los que se produjeron en España durante la semana pasada, en los que murieron varias mujeres y dos niños que habían denunciado previamente a sus agresores pero a los que se les denegó la protección porque en los informes policiales el riesgo que se determinó era bajo.

Por ello, y con el ánimo de mejorar esa coordinación en Castilla y León, la consejera de Familia, Alicia García, trasladó ayer a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que pondrá a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los 1.600 informes de valoración que ha elaborado su departamento, con la historia social y de vulnerabilidad de otras tantas mujeres que han sido víctimas de malos tratos durante el pasado año en nuestra Comunidad, para que la Policía y la Guardia Civil puedan disponer de más datos para hacer sus valoraciones de riesgo con mayores garantías y mejorar la protección de las víctimas.

Alicia García señaló que los jueves y fiscales que trabajan en violencia de género de la Región ya tienen en sus manos estos informes gracias al acuerdo que la Junta alcanzó con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y explico que ahora lo que se hace es proponer a la Delegación del Gobierno que puedan ser consultados también por los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

Esta fue una de las cuestiones que trataron Alicia García y Virginia Barcones durante el primer encuentro que han mantenido ambas tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España. Además, la delegada avanzó que en los próximos días el Ejecutivo central abonará a Castilla y León lo que le corresponde dentro el Pacto de estado contra el maltrato.

En concreto serán 7,5 millones de euros de financiación que recibirá la Junta a lo que hay que sumar otros 1,5 millones para las administraciones locales y otros 600.000 euros para otros programas contra las agresiones sexuales y la trata de mujeres.

«La víctima debe dar el paso y denunciar»

La delegada del Gobierno quiso también lanzar un mensaje optimista a las mujeres maltratadas de que no están solas y les animó a dar el paso y entrar en una Comisaría para realizar la denuncia. «El hecho de que hayan aumentado estas así como las órdenes de protección son pasos positivos para que mujeres que sufren maltrato salgan de la oscuridad», apuntó Barcones.