Junta y Ministerio Fiscal refuerzan su colaboración frente a la violencia machista

El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera y la Fiscalía Superior de Castilla y León fortalecen con dos nuevas medidas su colaboración para hacer frente a la violencia machista y combatir la trata de mujeres y niñas.

Por un lado, a finales de este mes podrán en marcha, de forma experimental durante tres meses en las provincias de León, Palencia y Burgos, un nuevo protocolo de actuación por el que se permitirá a los profesionales de los Servicios Sociales de la Comunidad poder comunicarse de forma directa con la fiscalía de su provincia para advertir de un posible caso de violencia machista. Podrán llevarse a cabo estas comunicaciones ante cualquier indicio o sospecha de maltrato que tengan estos trabajadores sociales, siempre y cuando no se requiera de una actuación urgente para proteger a la víctima o no se trate de casos en los que ya existen evidencias claras, ya que deberían comunicarse directamente a los juzgados.

Serán las secciones de Mujer de cada territorio las que se pongan en contacto con la fiscalía provincial de turno para informar de estas sospechas que, posteriormente, darán lugar a las oportunas diligencias de investigación.

La consejera de Familia, Alicia García, avanzaba esta medida pioera en España momentos antes de participar en la apertura de los cursos de formación para fiscales especializados en violencia de género, y avanzaba que una vez que transcurran los tres meses de prueba esta iniciativa se extenderá a toda la Región. Asimismo, destacaba que desde que la Junta y la Fiscalían han empezaran hace dos años a colaborar de forma más estrecha para plantar cara a la violencia machista, los Servicios Sociales de la Junta han puesto a disposición de los fiscales más de 1.700 informes sobre víctimas y posibles casos de malos tratos.

Respecto a la trata de mujeres y niñas, Gobierno regional, Ministerio Fiscal y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado reforzarán su colaboración en un plan de acción coordinado que hará hincapé en la identificación de las víctimas que deciden denunciar para darlas apoyo y protección lo más rápido posible. Alicia García ponía en valor la red psicosocial existente en la Comunidad, con hasta cinco entidades que el pasado año atendieron a 2.529 mujeres, de las cuales 41 se identificaron como víctimas de trata.

«Erradicar la trata de seres humanso es una de nuestras prioridades», reconocía, por su parte, la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, quien denunciaba que la trata de mujeres y niñas es la forma más grave de violencia machista, y advertía de que el 86 por ciento de los casos tienen un fin sexual y que el 99 por ciento de las víctimas son mujeres.

Prohibir la prostitución para reducir la trata

La fiscal superior advertía asimismo de que hay que mejorar en la persecución y en el castigo de la trata de seres humanos. Al respecto, pedía una nueva regulación contra el proxenetismo en la que se facilite ala víctima poder demostrar la ausencia de consentimiento y se mostraba partidaria de prohibir la prostitución en España para reducir la trata de seres humanos con fines sexuales.