La crisis dispara el empleo sumergido y el fraude fiscal en los últimos tres años

Los efectos de la crisis y, sobre todo la alta cifra desempleados existentes en Castilla y León, está haciendo que proliferen la economía sumergida y, además, que el número de trabajadores en situación irregular continúa aumentando año tras año. Eso en lo que se refiere a los casos detectados por la Inspección de Trabajo que, incluso, se presentan en establecimientos hosteleros de la Comunidad en hora punta, para vigilar y controlar si los trabajadores se encuentran en regla.

Durante 2012 el incremento de empleados irregulares ha sido del 14,3 por ciento, situándose en la barrera de los 5.000, 4.949 empleos concretamente, siendo la provincia de León donde más se descubrieron (1.010) seguida por Valladolid (977) y Burgos (855).

Respecto al número de sanciones por este motivo, también se incrementó en un 18,3 por ciento, alcanzándose los 14,2 millones de euros, motivado en su mayor medida por infracciones detectadas en relación a la Seguridad Social, que creció un 72,5 por ciento en el último año mientras que disminuyó en el ámbito relacionado con la seguridad y salud laboral. Las infracciones relacionadas con el empleo y la extranjería también crecieron un 10,69 por ciento.

Donde se ha venido denunciando a lo largo del año infracciones de este tipo es en el sector agrario, donde se está privando de cotizaciones a la Seguridad Social y a Hacienda a muchos trabajadores. Algo que está perjudicando y dañando gravemente a muchas empresas del sector, en especial cooperativas y que están siendo objeto de competencia desleal por falsos empresarios y por trabajadores sin asegurar.

El sector de la construcción, aunque ha bajado mucho en el número de trabajadores que emplea, sigue siendo un claro foco de trabajadores sin asegurar y de empresas ''fantasma''. Cada vez proliferan más trabajadores que ofrecen sus servicios particulares, sin contrato por medio y sin cobrar el IVA, para realizar determinadas ''chapuzas'' a domicilio.

Otro sector en el que cada vez está aflorando más la economía sumergida es el de las empresas de transporte. Durante el año pasado, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Guardia Civil denunciaron a 2.825 vehículos de mercancías y viajeros que circulaban sin la autorización correspondiente en 2012. En este sentido y para combatir la competencia desleal existente en el sector se procedieron a realizar 9.300 denuncias por no respetar los tiempos de conducción y descanso y 2.724 por llevar más carga de la autorizada.

La Junta, en los últimos tres años ha intensificado la lucha contra el fraude fiscal y eso ha propiciado que en los tres últimos años hayan aflorado un total de 309 millones de euros, que suponen una parte destacada dentro de lo recaudado por asuntos propios. En el año 2010 se recuperaron 126 millones de euros, en el 2011, la cifra llegó hasta los 101 mientras que el año pasado afloraron otros 82. Estas cantidades provienen una vez que los técnicos de Hacienda obligan a realizar declaraciones complementarias del impuesto de sucesiones y donaciones y del de actos jurídicos y transmisiones patrimoniales, a lo que hay que sumar los expedientes sancionadores y sus respectivos intereses por intentar «engañar» al fisco.

En resumen, los Técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que la economía sumergida en Castilla y León representa el 25 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad. Calculan que entre el fraude y la evasión la cifra se elevaría a 5.136 millones de euros. Además, cada castellano y leonés debe pagar anualmente a Hacienda 2.041 euros como compensación de los que otros contribuyentes dejan de pagar, siendo los segovianos, con 2.596 euros los que más deben tributar seguidos por los vallisoletanos (2.134 euros), leoneses (2.182 euros) y burgaleses (2.012).