La empresa Tragsa paraliza el ERE que ha provocado el despido de 181 trabajadores

La pesadilla que están viviendo los trabajadores de Tragsa puede llegar a su fin. La empresa pública anunció la finalización de la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que hasta el momento ha afectado a 555 personas en toda España, 181 en Castilla y León.

Tragsa informó que la sentencia por la que se acordaron los despidos se aprobó por unanimidad de los catorce magistrados del pleno del Tribunal Supremo, y que «era ajustado a Derecho, al entender que concurrían las causas económicas, organizativas y productivas que la Ley establece y que se negoció de buena fe por la compañía».

Al respecto, explicó que la drástica caída de producción e ingresos del Grupo Tragsa en más de un 60 por ciento a partir de 2009 motivó un saldo de explotación negativo acumulado de más de 70 millones de euros en los ejercicios 2013 y 2014, que llevó a la aplicación, en febrero 2013, de un Plan de Transformación Global que permitiese superar la difícil situación económica y garantizar la sostenibilidad y el futuro de la empresa.

Igualmente, señaló que una vez finalizado el Procedimiento de Despido Colectivo en Tragsa y Tragsatec, conjuntamente con las medidas implantadas en el Plan de Transformación Global, el Grupo afrontará su futuro en las mejores condiciones para el cumplimiento de su compromiso de garantía profesional y servicio público.

Los trabajadores se tomaron con mucha prudencia la noticia, y sus representantes sindicales aseguraron que la propuesta es «insuficiente», por lo que pidieron que se readmitan a los empleados. El presidente del Comité Intercentros de Tragsa, Ángel Hernández, afirmó, en declaraciones a la Agencia Efe, que la empresa ha tomado esa decisión de forma «precipitada» debido a las «grandes presiones» que están realizando los trabajadores y a los apoyos que han recibido por parte de partidos políticos e instituciones públicas. La última fue la visita del procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, que se comprometió a realizar una batería de iniciativas parlamentarias en las Cortes regionales para defender los puestos de trabajo.

Además, Ángel Hernández señaló que la compañía busca la «desmovilización» de las medidas de presión planteadas por los empleados como la huelga del 26 de enero y la manifestación ante la sede del PP en Madrid el 3 de enero.