La Junta destina millonarios recursos para la familia, inmigrantes y sanidad

La familia, la integración sociolaboral de inmigrantes, la sanidad y la protección de los funcionarios serán los destinatarios de recursos millonarios por parte de la Junta de Castilla y León.

De las partidas económicas acordadas en el Consejo de Gobierno, varias subvenciones por más de seis millones, correspondientes a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, irán destinadas a un total de 43 entidades de la Red de Protección con las que colabora el organismo en el desarrollo de programas de inclusión social y laboral, en la puesta en marcha de itinerarios de inserción y en la protección de la infancia.

Las primeras de estas ayudas son las destinadas a Cáritas y Cruz Roja. Ambas desarrollan numerosos programas de colaboración con la citada Consejería dirigidos a articular una atención integral a las familias afectadas por la crisis en un triple ámbito: preventivo, de atención, y de orientación a la inserción sociolaboral.

Otras entidades objeto de la subvención son: Accem Castilla y León, Burgos Acoge, la Fundación Secretariado Gitano, Misioneras de Jesús o la Federación de bancos de alimentos entre otras.

En materia de inmigración, 1,7 millones de euros irán destinados a financiar tres programas destinados a la integración sociolaboral de la población migrante, a la orientación de trabajadores ocupados y a la divulgación de la II Estrategia Integrada de Empleo.

Los tres programas están dirigidos, en primer lugar, a acciones de integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante de la Comunidad a través de medidas de investigación, sensibilización, orientación y asesoramiento para la empleabilidad de estos trabajadores. En segundo lugar, en la orientación profesional de trabajadores ocupados a través de acciones de reorientación profesional, promoción a través de la formación y del sistema de cualificaciones profesionales. Por último, esta orientación para personas inmigrantes se basa también en la divulgación de acciones complementarias dentro de la «II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020».

En cuanto a sanidad, receptora de la mayor cuantía monetaria, se ha autorizado un expediente de la Consejería de Sanidad por importe de 107 millones de euros para los próximos seis años, destinado a la contratación del servicio público de transporte sanitario terrestre para las provincias de Burgos y Valladolid.

En ambos casos se ha promovido una mayor flexibilidad, ya que las ambulancias que en el contrato anterior eran con horario de 12 horas durante 4 meses (junio, julio, diciembre y enero), se ha cambiado a 12 horas durante 120 días al año, con la diferencia de que a partir de ahora las gerencias deciden los días de trabajo sin tener fijado el mes con antelación.

Por otro lado, el Hospital Universitario de Burgos recibirá dos millones de euros para la compra de suministros y para el mantenimiento de equipos clínicos y quirúrgicos usados en la asistencia de los usuarios del Complejo Asistencial de Segovia, y otra millón para la implantación en todos los hospitales de Sacyl del sistema integral de patrimonio y gestión de activos de mantenimiento (Mansis).

Asimismo, los funcionarios que denuncien casos de corrupción en la Administración autonómica verán protegida su identidad así como su puesto de trabajo. La finalidad de esta norma, que el Gobierno autonómico remite a las Cortes para su tramitación parlamentaria, es establecer mecanismos eficaces para la lucha contra la corrupción y prevenir cualquier conducta contraria al interés general.

Mediante la aprobación de este proyecto de ley, se adoptan medidas legales que incrementen la confianza en los procedimientos que tramiten las informaciones que reciba la Administración y se garantice la protección de los informantes frente a posibles acciones que pudieran perjudicar su situación laboral.

Finalmente, se establece una nueva falta disciplinaria grave para aquellos casos en los que, deliberadamente, se presenten informaciones falsas sobre la comisión de delitos, cuando carezcan de fundamentación alguna.